El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una reforma que impide que los deudores alimentarios y los violentadores de mujeres puedan postularse como candidatos a cargos políticos.
Esta medida busca evitar que personas involucradas en violencia contra las mujeres y en violaciones de los derechos familiares ocupen puestos de elección popular. El requisito establece que los candidatos no deben haber sido condenados por delitos como violencia familiar, violencia sexual, violación de la intimidad sexual y violencia política de género.
Además, aquellos que estén registrados como deudores alimentarios morosos o agresores sexuales también serán excluidos de ser elegidos.
