En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con el objetivo de trabajar hacia la erradicación total de esta práctica.
La tortura, según la definición de la ONU, implica que un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación, consentimiento o aquiescencia de dicho funcionario, inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Esto se hace con el propósito de obtener información o confesiones, castigar por un acto cometido o sospechado, intimidar o coaccionar a la persona o a otros, o por cualquier motivo basado en discriminación.
La tortura es considerada un crimen a nivel internacional y está prohibida en todas las circunstancias. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es obligatoria para todos los Estados miembros de la comunidad internacional, incluso si no han ratificado los tratados internacionales relacionados.
La lucha contra la tortura tiene antecedentes históricos significativos. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 1975, en respuesta a campañas organizadas por diversas organizaciones no gubernamentales, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Durante las décadas de los ochenta y noventa, se lograron avances en el desarrollo de leyes e instrumentos jurídicos y se estableció la prohibición de la tortura. En 1981 se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, destinado a financiar organizaciones que brindan asistencia a las víctimas de tortura y sus familias.
En 1984, se aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 1987. Se estableció un Comité contra la Tortura, compuesto por expertos, para supervisar la implementación de esta Convención.
