Mafer Arévalo/ Grupo Marmor
En Morelia, Michoacán, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se enfrenta a una crisis de financiación que ha provocado la frustración de las víctimas del atentado con granadas de septiembre de 2008. A pesar de que el gobierno federal aprobó la indemnización de 8 millones de pesos para seis de las personas afectadas por los ataques, la CEAV ha sido incapaz de realizar el depósito correspondiente debido a la falta de recursos. La comisión espera que la Secretaría de Hacienda autorice fondos adicionales, mientras las víctimas se han visto obligadas a recurrir a un juicio de amparo para reclamar su compensación.
A pesar de que la CEAV solicitó los datos bancarios de las víctimas para efectuar el pago, el dinero nunca llegó. En respuesta a esta omisión, el 6 de febrero, la abogada Reyna Velasco presentó una demanda de amparo. Posteriormente, la Directora General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, Julieta Hernández García, indagó sobre la disponibilidad presupuestaria, recibiendo una respuesta negativa. La CEAV notificó al juez que seguía esperando la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, pero la situación no ha mejorado, y la falta de pago persiste.
El ataque de 2008, uno de los primeros casos de terrorismo en México, resultó en varias víctimas y dejó un saldo de muertos y heridos. A pesar de los esfuerzos de las víctimas y su abogada desde 2018, el proceso para recibir una compensación ha sido arduo, en parte debido a la eliminación del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral (FAARI) en 2019. Esta medida, parte de una política de austeridad, dificultó aún más el acceso a los recursos necesarios. La gestión actual de la CEAV, liderada por Martha Yuriria Rodríguez Estrada, ha enfrentado serios retrasos, reflejando una creciente falta de eficacia en la resolución de estos casos.
