Redacción / Grupo Marmor
Un nuevo caso de violencia de género sacude al municipio de Chimalhuacán. Itzair “N”, elemento activo de la policía municipal, fue detenido como presunto responsable del feminicidio de Andrea “N”, una joven hallada sin vida en las oficinas administrativas del Deportivo Tepalcates durante la madrugada del 4 de mayo. El crimen, perpetrado en un espacio público, ha desatado una ola de indignación y demandas de justicia entre la ciudadanía y colectivos feministas.
La Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México asumió la investigación tras la detención del servidor público, quien fue señalado como el principal sospechoso. Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre la causa de muerte ni la relación entre el agresor y la víctima, el caso ha puesto en el centro del debate la actuación de las fuerzas de seguridad y la seguridad de las mujeres en espacios públicos.
La Policía de Género de Chimalhuacán ha acompañado a la familia de Andrea “N” desde el inicio de las investigaciones, brindando apoyo legal y psicológico. Sin embargo, la comunidad exige más: una investigación transparente, sanciones ejemplares y una revisión urgente de los protocolos de selección y supervisión de los cuerpos policiales. “No es posible que quienes deberían protegernos sean los agresores”, expresó María López, integrante de un colectivo feminista local.
La tragedia ha movilizado a vecinos, familiares y amigos de la víctima, quienes han convocado a una marcha pacífica este 6 de mayo en las inmediaciones del Deportivo Tepalcates para exigir justicia y honrar la memoria de Andrea. Asimismo, demandan una audiencia pública con el gobierno municipal para abordar la crisis de violencia de género en el municipio.
Este feminicidio se suma a una serie de casos que han incrementado la desconfianza hacia las instituciones de seguridad en Chimalhuacán. Organizaciones civiles han señalado la necesidad de implementar políticas integrales para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar que los espacios públicos sean seguros. Mientras tanto, la Fiscalía mexiquense continúa con las diligencias para judicializar el caso, bajo la presión de una sociedad que clama por respuestas y un alto a la impunidad.