Redacción | Grupo Marmor
A pesar de los esfuerzos institucionales, los mecanismos para buscar e identificar a personas migrantes desaparecidas en México y Centroamérica continúan siendo limitados y, en muchos casos, ineficaces. Así lo advierte el más reciente informe de la Fundación para la Justicia, en colaboración con el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, que denuncia la persistente crisis humanitaria y jurídica en torno a la desaparición de personas en tránsito.
Entre 2006 y 2016, se estima que entre 72 mil y 120 mil migrantes centroamericanos desaparecieron en territorio mexicano. Aunque existen herramientas como los Bancos de Datos Forenses y mecanismos como el MAEBI (Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda), la falta de coordinación, recursos y estructura frena su efectividad. El informe destaca avances como la identificación de 97 cuerpos por parte de la Comisión Forense creada tras las masacres de San Fernando y Cadereyta, aunque casi la mitad de los casos siguen sin resolverse. Además, se señala que el 44% de las identificaciones se logró gracias a la cooperación con bancos forenses de El Salvador, Guatemala y Honduras.
La toma de muestras genéticas y las entrevistas directas con familias han sido claves en algunos procesos. Sin embargo, la falta de vías migratorias seguras sigue empujando a miles a rutas irregulares controladas por redes delictivas, lo que alimenta el drama de las desapariciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México contabiliza hasta septiembre de 2024 más de 329 mil personas desaparecidas desde 1964, de las cuales más de 115 mil siguen sin ser localizadas. Pero el verdadero número de migrantes sin rastro podría ser mucho mayor, en un sistema que aún no logra dar respuesta a la magnitud de esta tragedia.