Redacción | Grupo Marmor
México se encuentra en conversaciones cruciales con Estados Unidos para frenar la imposición de un arancel general del 30% que el expresidente Donald Trump ha anunciado que entrará en vigor el próximo 1 de agosto. La medida, que amenaza con afectar severamente a empresas y empleos mexicanos, fue comunicada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de una misiva.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lidera la delegación mexicana en Washington, buscando proteger la economía nacional de las repercusiones de esta decisión. Trump ha justificado su postura argumentando que, a pesar de la “fuerte relación bilateral”, la respuesta de México a la crisis del fentanilo ha sido “insuficiente”, y ha acusado al país de no detener a los cárteles que buscan expandir el narcotráfico en Norteamérica.
La carta de Trump no solo aborda el fentanilo, sino que también señala “numerosas políticas arancelarias y no arancelarias, así como barreras comerciales”, que a su juicio, causan déficits comerciales insostenibles y representan una amenaza para la economía y seguridad nacional de Estados Unidos. Incluso, el magnate republicano ha advertido que si México responde con sus propios aranceles, estos se sumarán al 30% ya impuesto por EE.UU. Además, Trump ha planteado que la única forma de evitar estos aranceles es que las empresas mexicanas trasladen su manufactura a territorio estadounidense.
Esta escalada en las tensiones comerciales no es un caso aislado. Días antes, Trump anunció tarifas similares para Canadá y ha estado imponiendo aranceles a diversos países como Brasil, Sudáfrica, Filipinas, Argelia, Irak, Libia, Sri Lanka, Brunéi y Moldavia. Recientemente, también se refirió a un arancel del 50% al cobre importado y del 200% para la industria farmacéutica.
Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum ya había anunciado, el pasado 9 de julio, el envío de una comitiva a EE.UU. para iniciar conversaciones sobre un “acuerdo general global” propuesto a Trump durante su llamada en el marco de la reunión del G7. Este pacto busca abarcar temas clave como la seguridad fronteriza, la migración y, por supuesto, el comercio, con la esperanza de encontrar una solución integral a las fricciones actuales. La delegación mexicana incluye también a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.