El jueves 14 de agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del Mar Caribe con el objetivo de combatir organizaciones de narcotráfico latinoamericano que han sido categorizadas como terroristas globales. La decisión, avalada por el presidente Donald Trump, forma parte de un plan más amplio para frenar el flujo de drogas y reforzar la seguridad en su frontera sur. El Pentágono ha comenzado a movilizar activos militares, incluidos buques y aeronaves de vigilancia, mientras prepara opciones operativas en la región.
Entre las organizaciones apuntadas se encuentran el Cártel de Sinaloa (México), el Tren de Aragua (Venezuela) y específicamente el Cártel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro. Este último grupo fue incluido en la lista de entidades terroristas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
En paralelo, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aumentó la recompensa por el arresto de Maduro a 50 millones de dólares, argumentando que el mandatario colabora con organizaciones criminales para traficar drogas y desestabilizar la seguridad nacional. EE.UU. ya había incautado decenas de toneladas de cocaína relacionadas con su entorno y lo acusa de liderar un entramado de narcotráfico institucionalizado.
La respuesta no se hizo esperar: el gobierno venezolano tachó las acusaciones de maniobra política y propaganda, mientras que México negó cualquier pacto o posibilidad de intervención militar norteamericana en su territorio
