Gema Herrejón/Grupo Marmor
El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña informó que se interpondrá un recurso de apelación contra la resolución de un juez federal que ordenó la liberación de Magdiel N., señalado como el presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, ocurrido en marzo de 2022 en el municipio de Zitácuaro.
El fiscal, calificó la determinación judicial como arbitraria e irregular, al destacar que el cambio de medida cautelar se resolvió de manera apresurada durante una audiencia convocada sin el debido procedimiento.
“El juez, de forma unilateral y fuera de la legalidad, modificó las medidas cautelares a tan solo cinco minutos de haber iniciado la audiencia. Consideramos que el proceso debió seguirse con el imputado en prisión preventiva, por lo que ya presentamos tanto la apelación como una queja formal”, sostuvo Torres Piña.
El titular de la FGE añadió que, además de la impugnación, se inició una carpeta de investigación contra el juez involucrado, quien ya no se encuentra en funciones tras haber concluido su periodo y haber sido suspendido previamente por el Poder Judicial.
“Más allá de que el juez ya dejó el cargo, no vamos a permitir que este tipo de antecedentes se repitan. El procedimiento contra él seguirá su curso, porque no podemos normalizar resoluciones que afectan la procuración de justicia en casos tan sensibles”, apuntó.
El fiscal también adelantó que el caso será revisado por magistrados en materia penal y afirmó que la institución dará puntual seguimiento al proceso.
El asesinato de Linares López en 2022 conmocionó al gremio periodístico en Michoacán y al país. El comunicador fue atacado a tiros frente a su domicilio en Zitácuaro, crimen que desde entonces se convirtió en un emblema de la violencia contra periodistas en México.
Torres Piña recordó que la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación en otros expedientes similares, entre ellos uno en la región de Huétamo, y reiteró que la dependencia seguirá actuando “para evitar que resoluciones cuestionables pongan en riesgo la búsqueda de justicia para las víctimas”.