La periodista María Idalia Gómez reveló en el programa Aristegui en Vivo que el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, es investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntas relaciones con grupos criminales.
Durante su participación en la mesa de análisis, Gómez señaló que la manera en que el fiscal difundió información sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, generó preocupación en instancias estadounidenses, al considerar que pudo haber afectado el curso de las investigaciones.
La periodista criticó la publicación de imágenes y datos del presunto responsable del homicidio —un menor de edad abatido en los hechos—, al afirmar que con ello “se dañó el debido proceso y se vulneraron derechos fundamentales”.
El 6 de noviembre, la organización Tejiendo Redes Infancia también denunció que la Fiscalía de Michoacán violó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al exhibir el rostro e identidad del joven involucrado, incumpliendo la obligación legal de proteger la identidad de menores relacionados con procesos judiciales.
En otro punto, Gómez detalló que Carlos Manzo contaba con un esquema de protección de 14 elementos de la Guardia Nacional, asignados por orden judicial tras una solicitud de medidas cautelares durante su campaña electoral.
“Ese era el nivel de inseguridad que tenía desde entonces”, puntualizó la periodista, quien además cuestionó la falta de visión y responsabilidad de las autoridades ante la violencia que enfrenta Michoacán.
La periodista reveló que el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, se preparaba para lanzar su candidatura al gobierno de Michoacán en marzo de 2026, con apoyo de Movimiento Ciudadano.
Gómez afirmó que diversas encuestas lo colocaban con hasta 22 puntos de ventaja sobre otros aspirantes y que su movimiento, conocido como “del sombrero”, ya había establecido contacto con dirigentes de MC, incluido Luis Donaldo Colosio Riojas.
La periodista sostuvo que los responsables del crimen pudieron conocer sus planes políticos debido a la vulnerabilidad de las comunicaciones en el estado. Además, alertó que Estados Unidos investiga la relación entre la agroindustria michoacana y grupos criminales, tras estimar extorsiones por más de 800 millones de dólares anuales.
