La arrancada formal de la campaña para las elecciones del 1° de febrero de 2026 se vio empañada por una ruptura profunda entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El presidente Rodrigo Chaves reaccionó con dureza luego de que el Tribunal ampliara la restricción de difusión gubernamental incluyendo redes sociales y medios oficiales— al inicio del periodo electoral, calificándola como una “mordaza”.
El TSE respondió con un pronunciamiento contundente: su presidenta Eugenia Zamora advirtió que las acusaciones de Chaves socavan “la paz y la estabilidad política del país” y el principio de neutralidad institucional.
Además, el Tribunal solicitó al Congreso el levantamiento del fuero constitucional del mandatario luego de acumular unas 15 denuncias por “beligerancia política”, lo que podría permitir su enjuiciamiento.
El choque se inserta en un contexto más amplio: el TSE ya había señalado que campañas institucionales del Ejecutivo como la difusión de proyectos gubernamentales podrían afectar la equidad electoral y vulnerar el derecho al voto libre de presiones.
Chaves, por su parte, advierte que una eventual aprobación del desafuero representaría un “golpe de Estado” disfrazado de legalidad.
Con la tensión en alza, el clima político costarricense entró en terreno inédito: un mandatario enfrentado públicamente a la autoridad electoral, una disputa por el uso del Estado en la campaña, y una carrera electoral que parte con la sombra de una posible crisis institucional. La campaña de 2026 no solo será protagonista por las candidaturas, sino también por la lucha en torno a las reglas democráticas.
