Más de 450 ciudadanos de Japón presentaron una demanda colectiva contra el Gobierno japonés por considerar que sus políticas climáticas son insuficientes y vulneran derechos humanos básicos, en lo que constituye el primer proceso judicial de este tipo en el país relacionado directamente con el cambio climático.
Tokio, Japón.
Un grupo de 452 personas interpuso una demanda contra el Estado japonés ante el Tribunal del Distrito de Tokio, al que acusan de no adoptar medidas efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de incumplir su obligación de proteger derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad de la población frente a los impactos del cambio climático.
La acción legal fue presentada por ciudadanos de distintas edades y profesiones, incluidos estudiantes, trabajadores agrícolas, investigadores y artistas, así como menores de edad. Los demandantes sostienen que la respuesta gubernamental frente al calentamiento global no se ajusta a la evidencia científica ni a los compromisos internacionales asumidos por Japón, en particular el Acuerdo de París, que establece la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius respecto a niveles preindustriales.
Según el contenido de la demanda, los efectos del cambio climático ya se manifiestan de forma tangible en Japón mediante un aumento de las olas de calor, lluvias extremas, tifones más intensos y riesgos para la salud pública. Los denunciantes argumentan que estos fenómenos afectan su vida cotidiana, restringen actividades al aire libre y generan daños económicos y sociales, especialmente en comunidades vulnerables.
Como parte de la demanda, los ciudadanos solicitan una compensación simbólica de mil yenes por persona. De acuerdo con los representantes legales del grupo, el objetivo principal no es económico, sino establecer la responsabilidad del Estado japonés y exigir un fortalecimiento de las políticas climáticas nacionales.
Este proceso judicial se suma a una tendencia internacional creciente. De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hasta 2022 se habían registrado más de 2,000 litigios climáticos en todo el mundo, muchos de ellos basados en el vínculo entre la crisis climática y los derechos humanos. En países como Alemania, Países Bajos y Corea del Sur, tribunales han emitido fallos que obligan a los gobiernos a revisar o reforzar sus objetivos de reducción de emisiones.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Japón no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre la demanda. No obstante, en ocasiones anteriores, autoridades japonesas han señalado que el país mantiene el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y que sus políticas climáticas están alineadas con los acuerdos internacionales.
Especialistas en derecho ambiental consultados por medios internacionales coinciden en que, aunque este tipo de demandas enfrenta desafíos legales, pueden influir en la formulación de políticas públicas y en el debate social sobre la responsabilidad de los Estados frente al cambio climático.
La demanda presentada en Japón podría marcar un precedente relevante en Asia y reforzar el uso de mecanismos judiciales como herramienta para exigir mayor acción climática. El desarrollo del caso será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto de creciente presión social para que los gobiernos adopten medidas más ambiciosas frente a la crisis climática.
