Redacción / Grupo Marmor
Ciudad de México / Washington, 21 de enero de 2026. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que no solicitarán la pena de muerte contra los presuntos criminales mexicanos que han sido trasladados recientemente al país norteamericano para enfrentar cargos federales, una condición clave para que México continué entregando a fugitivos buscados por la justicia estadounidense.
El compromiso fue anunciado en el contexto de la reciente transferencia de 37 presuntos operadores de organizaciones criminales desde México hacia diversas ciudades de Estados Unidos, incluidos Washington, Houston y Nueva York, bajo la Ley de Seguridad Nacional mexicana y mecanismos de cooperación bilateral.
Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el traslado de estos reos —considerados un riesgo para la seguridad nacional— se realizó con base en una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acordó no buscar la pena capital contra los acusados como parte de las garantías para permitir estas entregas.
Este acuerdo sobre la pena de muerte ha sido un factor determinante para que México aceptara enviar a estos individuos, dado que la Constitución mexicana prohíbe la pena de muerte y el país mantiene una postura firme en contra de su aplicación, incluso cuando se trata de mexicanos procesados en el extranjero.
La operación representa la tercera entrega masiva de presuntos líderes criminales a Estados Unidos en el último año, sumando ya 92 personas trasladadas bajo esta cooperación bilateral, en medio de tensiones por la lucha contra el narcotráfico y la presión de las autoridades estadounidenses para intensificar acciones contra cárteles.
Este enfoque ha generado debate público sobre los mecanismos legales utilizados y la política criminal de ambos países, pero hasta ahora ha permitido que los procesos judiciales continúen sin la imposición de la pena capital en suelo estadounidense.
