La muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante un operativo federal en Minneapolis reavivó el debate político en Estados Unidos. Mientras la administración del presidente Donald Trump defendió la actuación de los agentes, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton pidieron a la ciudadanía alzar la voz y exigir explicaciones, en medio de señalamientos sobre versiones oficiales contradictorias.
De acuerdo con autoridades federales, Pretti murió tras un enfrentamiento durante una operación relacionada con control migratorio. Funcionarios del gobierno señalaron que el hombre representaba una amenaza para los agentes y que el uso de la fuerza fue una respuesta a esa situación. El presidente Trump afirmó que el caso está “bajo revisión” y respaldó a las fuerzas federales, al tiempo que responsabilizó a autoridades locales por el contexto de seguridad.
Sin embargo, las declaraciones oficiales han sido cuestionadas por líderes demócratas y organizaciones civiles, que señalan inconsistencias entre los informes gubernamentales y videos difundidos por testigos. En mensajes públicos, los expresidentes Obama y Clinton calificaron la muerte de Pretti como una tragedia y subrayaron la necesidad de defender derechos civiles y exigir transparencia institucional, más allá de afiliaciones partidistas.
The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW
— Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026
Las reacciones se extendieron a protestas en Minneapolis y a llamados legislativos para abrir investigaciones independientes sobre los protocolos de actuación de agencias federales, incluida la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos congresistas advirtieron que podrían revisarse presupuestos si no se aclaran los hechos.
El caso se suma a otros episodios recientes que han puesto bajo escrutinio las políticas de seguridad y migración, y mantiene abierto el debate nacional sobre rendición de cuentas y uso de la fuerza por parte del Estado.
Las investigaciones en curso y la presión política definirán los próximos pasos en un caso que continúa polarizando la discusión pública en Estados Unidos.
