Redacción/Grupo Marmor
San Salvador, El Salvador.- El gobierno del presidente Nayib Bukele ha endurecido aún más su controvertida política de “cero tolerancia” contra la delincuencia. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó de forma exprés una reforma constitucional histórica que permite castigar con prisión perpetua a “homicidas, violadores y terroristas”.
La enmienda, promovida directamente por el mandatario salvadoreño y aprobada con el voto a favor de 59 de los 60 diputados del Congreso, elimina la antigua prohibición legal de aplicar “penas perpetuas”. Hasta el momento de esta reforma, la condena máxima que se podía dictar en el país centroamericano era de 60 años, e incluía mecanismos para la reducción de sentencia.
La vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, defendió la polémica medida asegurando que el objetivo principal es garantizar que los criminales de alta peligrosidad “no salgan a la calle y cumplan su pena para siempre”. Esta decisión va en sintonía con las declaraciones del presidente Bukele, quien ha reiterado en diversas ocasiones que no cree en la reinserción social de los pandilleros.
Sin embargo, el histórico cambio constitucional ha encendido nuevamente las alarmas de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Defensores de derechos humanos advierten que el endurecimiento de las penas se da bajo un prolongado estado de excepción, durante el cual se han realizado juicios masivos y se han denunciado arrestos arbitrarios de cientos de personas sin vínculos probados con las pandillas.
