Redacción / Grupo Marmor
Las autoridades confirmaron que la muerte de dos uniformados en el sector de Laureles no fue obra de la delincuencia organizada, sino el resultado de un trágico error de coordinación y una confusión letal entre miembros de la misma institución.
El incidente real se registró la noche del pasado viernes 5 de junio de 2026 en el barrio Lorena, dentro de la comuna de Laureles. En el sitio, la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años (ambos agentes encubiertos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín)), se encontraban realizando un procedimiento de inspección a una camioneta que figuraba con reporte de robo.
Mientras los agentes de la Sijín operaban de forma encubierta, el dueño legítimo de la camioneta logró rastrear la ubicación exacta de su propiedad gracias al GPS de un dispositivo iPad. Con el fin de recuperar el automotor, el propietario acudió al lugar acompañado por un amigo y un intendente jefe de la Policía Nacional activo, quien se encontraba en su día de descanso y vestía ropa de civil.
Al llegar al punto exacto, el superior observó a los dos hombres manipulando el vehículo y, creyendo que se trataba de los ladrones en flagrancia, desenfundó su arma particular. Sin mediar palabra y sin percatarse de que eran sus propios compañeros de corporación en medio de una misión secreta, abrió fuego contra ellos, desatando un tiroteo cruzado en el que ambos investigadores de la Sijín perdieron la vida debido a la gravedad de los impactos.
Tras el esclarecimiento de los hechos, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para las tres personas que iniciaron el ataque. La Fiscalía General de la Nación imputó al policía activo de civil por el delito de homicidio agravado, mientras que los dos civiles que lo acompañaban en el reclamo particular enfrentan cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Hasta el momento, ninguno de los tres implicados ha aceptado los cargos imputados por el ministerio público, mientras que la Policía Nacional ha abierto una rigurosa investigación interna para revisar las fallas en los protocolos de comunicación y operativos en cubierto dentro de la región.
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