Claudia Luna Palencia / Grupo Marmor
A España, sus múltiples casos de corrupción empiezan a pasarle factura: la Comisión Europea ha pedido a España y a Hungría intensificar una serie de reformas para proteger al sistema judicial; favorecer la transparencia y más medidas anticorrupción.
En su informe anual sobre el Estado de Derecho, el ejecutivo de la UE critica a España por lograr solo avances limitados en el endurecimiento de las normas de conflicto de intereses y los requisitos de declaración de bienes para altos cargos públicos.
La UE analiza anualmente a sus 27 países miembros y emite una serie de recomendaciones en materia de democracia, transparencia y sobre todo en políticas anticorrupción.
Los casos de Hungría y de España son llamativos en este informe: en Hungría, hace un par de meses, se logró el triunfo de un partido distinto en el poder al de Víktor Orbán y el nuevo premier, Péter Magyar está llevando a cabo una serie de medidas para evitar que surja otro Orbán en la política húngara. Y, ya prometió, que perseguirá toda la corrupción durante los 16 años que gobernó Orbán.
En cuanto a España, el gobierno del presidente Pedro Sánchez está asediado tanto en su entorno familiar, como en su gabinete, por sendas investigaciones de corrupción, comisiones, tráfico de influencias, prevaricación y otros cargos.
La propia esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Y, hace unos días, el hermano del presidente, David Sánchez fue inhabilitado a 9 años fuera de todo empleo y cargo púbico sentenciado por prevaricación.
De las investigaciones más sonadas, figuran la del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fue hombre de confianza de Sánchez y condenado a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años y 8 meses por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
La Comisión Europea, también encontró solo avances limitados en las reformas del lobby en España, señalando que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia en torno a las actividades de lobby aún no ha sido aprobado por el Parlamento. Instó a España a completar la legislación, incluyendo la creación de un registro público obligatorio de lobbies.