Barragán denunciará a magistrada y responsables por delitos contra la justicia y persecución política

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Redacción / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Juan Carlos Barragán prepara una denuncia penal por delitos contra la administración de justicia, previstos en el artículo 260 del Código Penal de Michoacán, en contra de la magistrada que emitió la resolución del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán (TAAM) y de quienes resulten responsables por el presunto uso de las instituciones para perseguir políticamente a sus adversarios.

Barragán explicó que la denuncia se sustenta en que una persona juzgadora no puede conocer un asunto cuando existe un posible impedimento legal y, mucho menos, emitir deliberadamente una resolución contraria a la ley. Asimismo, adelantó que solicitará que se investigue una posible actuación bajo conflicto de interés, prevista en el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

Existen elementos que hacen presumir un posible conflicto de interés en la resolución, ya que la magistrada que dictó la sentencia es esposa del diputado Juan Pablo Celis Silva, quien mantenía una confrontación política y jurídica con Barragán. Por ello, antes de que se dictara la sentencia solicitó formalmente que la magistrada dejara de conocer el caso; sin embargo, la petición fue rechazada y ella misma emitió la resolución que le impuso una inhabilitación de 20 años y una sanción económica por $5,636,600 pesos.

De acuerdo con Barragán, esta situación genera dudas sobre la imparcialidad del proceso, pues afirmó mantener diferencias políticas con quienes controlan las instituciones del Estado, a quienes atribuye una persecución política para impedir sus futuras aspiraciones electorales.

Finalmente, el diputado reiteró que acudirá a las instancias legales correspondientes para que se investigue la actuación de la magistrada, de las personas servidoras públicas que pudieran haber intervenido en estos hechos y de cualquier otra persona que pudiera resultar responsable, y se determinen las responsabilidades penales y administrativas que correspondan conforme a derecho.