Redacción / Grupo Marmor
Las nuevas modalidades de cobro por el uso de estacionamiento en plazas comerciales ubicada en la capital michoacana han generado inconformidad entre automovilistas e impacto en la movilidad de las calles aledañas, luego de que numerosos visitantes optaran por estacionarse en la vía pública para evitar la tarifa. El hecho reabrió el debate público sobre la legitimidad y regulación de esta práctica en los centros comerciales del municipio.
Diversos análisis normativos recuerdan que los reglamentos de construcción exigen un número determinado de cajones de estacionamiento como condición obligatoria e indispensable para autorizar el desarrollo de un inmueble y otorgar la licencia de construcción, del mismo modo en que se exige contar con sanitarios, pasillos o salidas de emergencia. Desde este enfoque, el espacio para vehículos forma parte de la infraestructura básica orientada al funcionamiento del recinto, cuyos costos de edificación se prorratean en el arrendamiento rentable de los locales.
Pese a que en distintas entidades del país se han establecido prohibiciones o amparos contra estas tarifas, en Michoacán persisten ambigüedades en el Código de Desarrollo Urbano que han sido aprovechadas por los desarrolladores comerciales (o mediante concesiones a empresas operadoras externas) para aplicar cobros. Ante esta situación, ciudadanos y especialistas hacen un llamado a las autoridades locales para revisar la normatividad y priorizar el ordenamiento urbano frente al beneficio económico particular.