Redacción / Grupo Marmor
La reciente detención de Ernesto Ruffo Appel volvió a poner en la mira pública el delito de huachicol fiscal. El exgobernador de Baja California es investigado por su presunta relación con la empresa Ingemar, vinculada al decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, destapando una gigantesca red de contrabando a nivel nacional.
A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en extraer gasolina ilegalmente de los ductos de Pemex, la modalidad fiscal opera introduciendo combustible al país utilizando documentación falsa. Las organizaciones criminales declaran el hidrocarburo como aceites o aditivos para evadir el cobro de impuestos aduanales, provocando un daño al erario público estimado en 128 mil millones de pesos.
El modus operandi abarca una compleja triangulación donde el crudo mexicano es enviado a Estados Unidos, refinado y devuelto a México de forma ilegal mediante sobornos y empresas fachada. Una vez que cruza la frontera, se distribuye en diversas gasolineras locales para venderse como un producto legítimo, acaparando entre el 30 y 40 por ciento del mercado de diésel en el país.
Las investigaciones federales por esta práctica ya han dejado 14 personas detenidas en Tamaulipas, incluyendo a un juez y exmandos navales como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Dicha red corrupta habría entregado al menos 25 millones de pesos en sobornos para permitir el ingreso aduanal de 6 buques cargados con hidrocarburo en 14 ocasiones, operando de manera ilícita entre 2023 y 2025.