Redacción/ Grupo Marmor
La pérdida de cinco recién nacidos en menos de una semana dentro del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, en la capital duranguense, desató indignación y mantiene bajo la lupa federal los protocolos sanitarios del área neonatal.
De acuerdo con registros médicos y declaraciones de las familias afectadas publicadas en El Sol de Durango, los decesos sucedieron en un periodo crítico: tres pequeños murieron el 15 de septiembre, un cuarto el 18 y el último caso se presentó el 19 de septiembre, todos mientras permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).
La inconformidad de los padres creció al recibir actas de defunción que atribuían las muertes a infartos, un dictamen que rechazan por considerar poco creíble que tantos casos coincidentes respondan a fallas cardiacas aisladas. En respuesta a las sospechas de un posible contagio bacteriano o malas prácticas, organismos federales como la Cofepris, el Cenaprece y la Dirección General de Epidemiología intervinieron para revisar expedientes y evaluar las condiciones del hospital.
Como medida de contención, el personal médico cerró el acceso a la zona de cuneros, pausó la recepción de nuevos pacientes en el área de cuidados intensivos y aplicó desinfecciones exhaustivas. Aunque los primeros análisis en el entorno no mostraron rastros de contaminación ambiental ni nuevos contagios, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised) advirtió que fallas en la higiene del personal o en la esterilización de los instrumentos médicos son líneas que no pueden descartarse.
A nivel local, el gobierno de Durango inició indagatorias por cuenta propia tras señalar que la delegación del Seguro Social omitió avisar a tiempo sobre lo que ocurría en las instalaciones. Mientras tanto, las familias descartaron someter los cuerpos a exhumaciones para necropsias, pero advirtieron que recurrirán a instancias legales para esclarecer responsabilidades ante la falta de claridad inicial de los médicos.
El hecho escaló hasta la presidencia de la República, donde Claudia Sheinbaum confirmó el traslado del director general del instituto, Zoé Robledo, a territorio duranguense para supervisar directamente las investigaciones técnicas y establecer comunicación con los deudos.