Jorge Rubio/Grupo Marmor
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cierre definitivo y la suspensión de licencias para diversos planteles militarizados del país, luego de confirmarse el lamentable fallecimiento de Dafne, una estudiante de nivel medio superior. La tragedia encendió las alarmas de las autoridades educativas y de derechos humanos sobre las condiciones de disciplina extrema, castigos físicos y la falta de regulación bajo las que operan estas instituciones privadas y semipúblicas.
Tras una serie de inspecciones de emergencia, las autoridades determinaron que el modelo bajo el que funcionaban dichos colegios incurría en graves violaciones a los protocolos de seguridad y protección de menores. Las investigaciones iniciales revelaron que la joven falleció a causa de abusos físicos y omisiones de asistencia médica durante actividades de adiestramiento no autorizadas, lo que derivó en la intervención directa de las dependencias federales.
La titularidad de la SEP informó que se iniciará una revisión exhaustiva de todos los centros con orientación castrense en el territorio nacional para verificar que cuenten con las certificaciones correspondientes. Asimismo, la dependencia coordinará esfuerzos con las fiscalías locales para deslindar responsabilidades penales contra los directivos y personal docente involucrados en la negligencia que costó la vida de la estudiante.
Para garantizar el derecho a la educación de la comunidad estudiantil afectada por los clausuras, las autoridades educativas implementaron un plan de reubicación inmediata en escuelas públicas. Con esta medida, la Secretaría busca sentar un precedente estricto contra la violencia institucional en los entornos escolares y reformar los marcos de supervisión sobre los modelos educativos disciplinarios en el país.