Por Claudia Luna Palencia / Grupo Marmor
Cuando se cumplen 20 días de la avalancha migratoria que sufrió Ceuta, el pasado 30 y 31 de julio, con la entrada masiva de 75 mil inmigrantes en datos preliminares, la ciudad no logra recuperar la normalidad y es que permanecen en sus calles y en sus costas unas 14 mil personas malviviendo y con apenas una ración de comida al día.
Muchos son menores de edad no acompañados que la ley española no puede devolver en caliente; hay otros grupos que no se sabe sin son también menores o son adultos y han permanecido durmiendo en la arena de la playa del Trampolín. Hoy jueves, se han desalojado a 3 mil personas que serán instaladas en albergues improvisados en Ceuta, a la espera de sus resoluciones migratorias.
De acuerdo con la ley española, el Estado tiene el deber de cuidado hacia los migrantes jóvenes y no acompañados hasta que cumplan los 18 años; así lo marcan los estatutos conforme al respecto de los derechos humanos.
Otro de los anuncios controvertidos tiene que ver con el traslado de 500 menores de edad, fundamentalmente niñas no acompañadas y que serán trasladadas a diversos albergues en la península española.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reiterado que es necesario tener un mando único y ha pedido que todos los ilegales que entraron por la fuerza a Ceuta, entre el 30 y 31 de julio, sean ya expulsados.
Por ahora, lo que más preocupa son los menores de edad no acompañados: el ministerio de juventud, en coordinación con el Gobierno de Ceuta, está elaborando un plan urgente bajo el cual las ONG y las agencias de protección infantil se hacen cargo de los niños más vulnerables, especialmente las niñas, sin transferir su tutela a los mandos regionales de España.
Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de la infancia, está en Ceuta desde el domingo pasado, en un esfuerzo por resolver una situación en la que cientos de niños viven en la calle y sobreviven gracias a las ayudas de los propios ceutíes.
La noticia del plan del Gobierno español llegó solo unas horas después de que la Comisión Europea dijera que, según la legislación de la UE, todos los migrantes deberían ser devueltos a Marruecos.
El Partido Popular ha rechazado el plan del Gobierno, afirmando que el mejor lugar para los niños es con sus familias. “Si Marruecos ha pedido que se devuelvan a los niños y si Europa dice que todos los inmigrantes ilegales deben ser devueltos, sean niños o no, ¿qué más necesita el Gobierno?” dijo el portavoz adjunto de finanzas del Partido Popular, Juan Bravo, en una entrevista televisiva.
Los mensajes contradictorios derivan en parte del hecho de que el último pacto europeo sobre inmigración aún no ha sido incorporado a la legislación española y, por tanto, la propia legislación española sobre el trato a menores no acompañados sigue vigente.