Claudia Luna Palencia / Grupo Marmor
Parar los desahucios es uno de los cometidos del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, una medida que hoy reafirmó Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en rueda de prensa tras anunciar dos decretos impulsados en el seno del Consejo de Ministros.
Ante la presión social en la calle y con la acampada de, fundamentalmente más de un centenar de jóvenes, en la Puerta del Sol en Madrid, el presidente Sánchez y su gabinete han presentado dos decretos que intentarán aliviar la tensión que subyace latente en el mercado de la vivienda.
En la calle, a estas medidas, las conocen como el Decreto Maricarmen, en honor a Maricarmen Abascal, una anciana madrileña cercana a los 90 años y discapacitada que fue desahuciada la semana pasada, tras pagar una renta congelada desde hacía 70 años.
La ministra de Vivienda de España resumió a grandes rasgos ambos decretos que deberán ser discutidos y aprobados en el Parlamento, en los siguientes puntos: 1) Parar los desahucios; 2) paralizar las compras especulativas de vivienda; 3) reducir la fiscalidad de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario; 4) evitar el fraude que acompaña el mercado del alquiler; 5) reducir el esfuerzo económico de las familias, para que puedan comprar vivienda y dar bonificaciones fiscales a los propietarios; 6) financiar más vivienda pública; 7) dar préstamos a las familias mediante aportaciones del Gobierno a tasas de interés cero para que adquieran vivienda; 8) imponer un IVA del 10% a los alquileres turísticos; 9) acabar con la crisis de la vivienda ampliando la oferta a través de Casa 47. Y, 10) proteger también con estas medidas a los inquilinos que alquilan una habitación.
Se propone la prórroga de la prohibición de desahucios de inquilinos vulnerables hasta 2030 y la regulación de los alquileres temporales y los alquileres por habitación; una prohibición de los llamados fondos buitre para comprar propiedades hasta 2028. Además, de una prórroga de dos años, en los contratos de alquiler actuales que expirarán a finales de 2028.
Al parecer el primer decreto cuenta con la aprobación de los partidos conservadores catalán y vasco, que anteriormente se oponían a las reformas de vivienda de Sánchez.
El Gobierno dispone de 30 días, desde la publicación del decreto, para alcanzar un consenso con sus aliados en el Congreso. Junts, el partido catalán proindependentista que necesitaría respaldar el decreto para que se apruebe, declaró recientemente que aún estaba lejos de aceptarlo.
Mientras tanto en las calles de España sigue creciendo el clamor social. Todos los días hay desahucios de personas solas, mayores, de familias con hijos menores y hasta discapacitados. La acampada en Madrid para protestar por esta situación podría extenderse hacia otras ciudades.
Los maestros querrían sumarse al descontento, denunciando el deterioro del sector educativo a nivel nacional. Y, en octubre, los médicos ya anunciaron una huelga general que bien podría unirse al malestar por la vivienda.