Edgar Bravo Avellaneda / Grupo Marmor
Michoacán tiene frente a sí uno de los desafíos más decisivos para su futuro: mantener la fuerza de su campo sin poner en riesgo los recursos naturales que lo sostienen.
Y ahora que comienza a dibujarse el escenario político rumbo a 2027, ésta tendría que ser una de las preguntas obligadas para quienes aspiren a gobernar nuestro estado: ¿cómo vamos a seguir produciendo riqueza sin destruir el territorio que la hace posible?
La respuesta no puede esperar a las campañas ni reducirse a una frase dentro de una plataforma electoral.
Michoacán es una potencia agroalimentaria. Buena parte de su economía, del empleo y de la vida de miles de familias depende del campo. Esa fortaleza debe defenderse. Pero hacerlo exige reconocer también que el éxito productivo impone responsabilidades sobre nuestros bosques, el agua, los suelos y las comunidades.
Por eso, rumbo a 2027, la discusión no debería plantearse como una falsa elección entre desarrollo económico y protección ambiental.
Michoacán necesita las dos cosas.
Necesitamos producir, exportar, atraer inversión, generar empleos y darle certidumbre a quienes trabajan la tierra. Pero también necesitamos detener la degradación de los recursos naturales que sostienen esa producción.
Quienes pretendan gobernar Michoacán tendrán que decirnos cómo piensan hacerlo.
No bastará hablar de proteger los bosques. Habrá que explicar qué se hará frente al cambio ilegal de uso de suelo; cómo se protegerán las zonas de recarga y las microcuencas; qué políticas existirán para recuperar suelos degradados; cómo utilizaremos mejor el agua y qué incentivos recibirán quienes produzcan responsablemente.
Tampoco basta con señalar al productor como responsable de todos los problemas ambientales.
El Estado tiene obligaciones.
Debe vigilar y hacer cumplir la ley, pero también acompañar la transformación productiva. Debe ofrecer tecnología, financiamiento, capacitación e incentivos para que producir responsablemente sea económicamente viable.
Necesitamos trazabilidad en los cultivos, tecnificación del riego, restauración de suelos, protección de manantiales y microcuencas y una política mucho más firme frente a la deforestación y al cambio ilegal de uso de suelo.
Pero necesitamos también escuchar a quienes viven del campo.
A los pequeños productores. A los comuneros. A los ejidatarios. A las comunidades indígenas. A quienes durante generaciones han conocido los ciclos del agua, de la tierra y del monte.
Una política ambiental construida desde un escritorio y de espaldas a quienes viven en el territorio difícilmente podrá funcionar.
Por eso ésta debería ser una exigencia para toda la clase política michoacana ante el proceso electoral de 2027.
Que nos hablen menos de nombres, grupos y posiciones, y más de proyectos.
Que quienes aspiren a gobernarnos presenten una verdadera política de largo plazo para el campo y el medio ambiente. Que nos digan cuánto invertirán, qué instituciones serán responsables, qué metas pretenden alcanzar y, sobre todo, cómo podremos medir sus resultados.
Porque gobernar también significa decidir qué Michoacán queremos dejar dentro de veinte o treinta años.
Un estado que agotó sus recursos para obtener beneficios inmediatos o uno que fue capaz de entender que su enorme riqueza agrícola dependía precisamente de conservar su patrimonio natural.
El campo michoacano puede seguir siendo uno de nuestros grandes motores económicos. Pero para conseguirlo necesitamos abandonar una idea que durante demasiado tiempo pareció inevitable: que para producir más había que ocupar más territorio, utilizar más agua o sacrificar más bosque.
El futuro tiene que construirse de otra manera.
Producir más, sí. Generar riqueza, también. Pero producir mejor y sin destruir.
Y frente a un asunto de esta dimensión, vale la pena conocer con claridad la postura de quienes hoy ocupan espacios relevantes en la conversación pública michoacana: Carlos Torres Piña, Alfonso Martínez y Grecia Quiroz. ¿Qué modelo proponen para conciliar la potencia productiva de Michoacán con la defensa de sus bosques, su agua y su territorio?
Sería bueno escucharlos. No sobre candidaturas ni sobre alianzas, sino sobre el Michoacán que imaginan y las soluciones concretas que pondrían sobre la mesa.
Y quizá ahí esté también una discusión todavía mayor rumbo a 2027.
Éste, como muchos otros asuntos fundamentales para Michoacán —la seguridad, el empleo, la salud, la educación, el agua, la infraestructura y el desarrollo regional—, no debería quedar exclusivamente en manos de quienes compiten por el poder.
La sociedad civil también tiene que construir agenda.
Una agenda nacida de productores, empresarios, universidades, especialistas, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanos; capaz de colocar sobre la mesa los problemas reales del estado y exigir respuestas concretas a quienes pretendan gobernarlo.
Porque una democracia no consiste solamente en que la sociedad elija entre las propuestas que le presentan los políticos. También consiste en que la sociedad sea capaz de decirles a sus gobernantes cuáles son sus prioridades y exigirles compromisos, plazos y resultados.
Rumbo a 2027, Michoacán tiene una oportunidad: que la agenda no venga solamente desde el poder hacia la sociedad, sino también desde la sociedad hacia el poder.
Y que quienes aspiren a gobernarnos entiendan algo elemental:
primero debe estar la agenda de Michoacán; después, la agenda de quienes quieren gobernarlo.