Julieta Coria / Grupo Marmor
Las plataformas digitales podrían enfrentar nuevas obligaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos que promuevan la violencia, el odio, el acoso y otras conductas de riesgo, como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de México.
La propuesta surge luego de recientes hechos violentos en planteles educativos que encendieron las alertas sobre la difusión de mensajes que incitan a la agresión y la radicalización de jóvenes en redes sociales. Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de decreto dirigido a las plataformas digitales.
De acuerdo con información de la Presidencia y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el objetivo es que las empresas tecnológicas asuman una mayor responsabilidad para detectar y retirar contenidos que promuevan la violencia, el abuso o el acoso. El grupo de trabajo está coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal e incluye dependencias de seguridad, educación y transformación digital, así como la participación de instituciones académicas.
Entre los tipos de contenido que se busca impedir que lleguen a menores de edad se encuentran:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación y violencia sexual.
- Contenidos que promuevan el suicidio o las autolesiones deliberadas.
- Material que incentive trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso y ciberacoso.
- Ciberbullying.
- Promoción de conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
La discusión también pone el foco en los sistemas de recomendación de las redes sociales, debido a que sus algoritmos pueden mostrar publicaciones similares a las que una persona ya ha visto o con las que ha interactuado. La preocupación de las autoridades es que niñas, niños y adolescentes queden expuestos de manera recurrente a material que pueda incentivar comportamientos violentos o afectar su bienestar.
La estrategia anunciada por el Gobierno federal contempla, además, reforzar las acciones de educación emocional y hacer un llamado a madres, padres y tutores para mantenerse atentos al uso que los menores hacen de internet y las redes sociales.
¿Ya es una prohibición vigente?
Hasta la información oficial consultada, el Gobierno había anunciado la preparación del proyecto de decreto, pero no se confirmó que la lista completa de contenidos mencionada hubiera entrado en vigor como una nueva prohibición legal. Por ello, el alcance definitivo de las obligaciones para las plataformas, los mecanismos de aplicación y las posibles sanciones deberán verificarse cuando se publique el instrumento correspondiente.
La iniciativa abre un nuevo debate sobre cómo proteger a las infancias en internet y, al mismo tiempo, garantizar derechos como la privacidad y la libertad de expresión.

















