Redacción/Grupo Marmor
Morelia, Michoacán, a 9 de octubre del 2026 El diputado Hugo Rangel Vargas llamó a centrar el debate público en la protección del Lago de Zirahuén y en el cumplimiento de la ley, ante las recientes declaraciones de la persona titular del Ayuntamiento de Salvador Escalante; el legislador sostuvo que la discusión no debe desviarse hacia descalificaciones personales, sino atender los hechos de fondo y las responsabilidades de las autoridades involucradas.
En ese sentido, señaló que la construcción de infraestructura en la zona natural constituye un hecho que debe esclarecerse conforme a la normativa aplicable. “Ya sean plazas de toros, baños o gradas, no deja de ser una obra ilegal, así sea un tabique o un bulto de cemento. No existen ilegalidades chiquitas ni grandes, ni ilegalidades buenas o malas”, puntualizó.
Rangel Vargas cuestionó la incongruencia entre el discurso institucional de defensa de la ecología y las acciones que, de acuerdo con los hechos señalados, han permitido el desarrollo de esta obra. Advirtió que recurrir a descalificaciones para desacreditar el trabajo legislativo no resuelve el problema ni responde a las preocupaciones de la ciudadanía. Por el contrario, consideró necesario esclarecer las condiciones en que se permitió la construcción, así como la posible participación del Ayuntamiento en el suministro de materiales y en el desarrollo de una infraestructura presuntamente irregular.
El legislador planteó preguntas concretas que, sostuvo, deben responderse públicamente: ¿por qué se entregó material de construcción para esta obra?, ¿qué acciones ha emprendido el Ayuntamiento para impedir la ocupación irregular de la zona? y ¿cómo está cumpliendo sus responsabilidades en el marco del convenio vigente con la Comisión Nacional del Agua?, además subrayó que la existencia de este instrumento obliga a esclarecer las actuaciones de las autoridades responsables y a determinar si se han cumplido los compromisos de vigilancia y protección correspondientes. La ciudadanía, afirmó, merece respuestas sobre lo ocurrido y garantías de que la preservación del lago no quedará subordinada a intereses particulares.
Finalmente, Rangel Vargas sostuvo que el respeto a las comunidades y a sus tradiciones debe acompañarse del cumplimiento de la ley y de la responsabilidad compartida de proteger el patrimonio natural. “Los usos y costumbres de las comunidades son respetables, pero no pueden invocarse para justificar actos contrarios a la ley ni para poner en riesgo el medio ambiente.