Edgar Bravo Avellaneda / Grupo Mamor
El Instituto Mexicano del Seguro Social atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. No se trata de una crisis aislada ni de un problema que pueda resolverse con una conferencia de prensa, un recorrido hospitalario o una nueva campaña de comunicación institucional.
Son demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. Y todos conducen a una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo puede sostenerse un modelo de conducción cuyos resultados están siendo cuestionados desde tantos sectores?
Zoé Robledo enfrenta una disyuntiva que ya no puede postergar: seguir administrando las dificultades con el mismo equipo y el mismo discurso, o emprender un verdadero golpe de timón que devuelva al Instituto capacidad de respuesta, eficiencia administrativa y confianza entre sus trabajadores y derechohabientes.
El problema es estructural. Las obligaciones pensionarias absorben recursos crecientes; los servicios médicos demandan mayores inversiones; los medicamentos, materiales de curación y equipos representan necesidades permanentes; y las obras comprometidas requieren presupuestos que no pueden multiplicarse por decreto.
El dinero es limitado. Las necesidades, en cambio, parecen interminables.
Pero sería demasiado cómodo explicar todo por la insuficiencia presupuestaria. El IMSS también tiene una enorme responsabilidad en la administración de los recursos que recauda, en la fiscalización de las obligaciones patronales y en la recuperación de los créditos fiscales que legalmente le corresponden.
Y es precisamente ahí donde encontramos uno de los aspectos más preocupantes de la actual administración.
La Dirección de Incorporación y Recaudación, encabezada por Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta, debe someterse a un escrutinio particularmente severo.
Las estimaciones de cierre de 2026 permiten advertir desviaciones respecto de determinadas metas de cobranza, fiscalización y recuperación de créditos fiscales. Aunque los ingresos globales por cuotas obrero-patronales registraron crecimiento real durante el primer semestre, ello no significa que todos los componentes de la gestión recaudatoria estén funcionando satisfactoriamente.
La diferencia es fundamental: recaudar más que el año anterior no equivale necesariamente a recaudar todo lo que legalmente corresponde ni a cumplir satisfactoriamente las metas institucionales.
En una institución de las dimensiones del Seguro Social, desviaciones porcentuales aparentemente pequeñas pueden traducirse en cientos de millones de pesos respecto de los objetivos programados.
Y cuando faltan medicamentos, personal, equipo e infraestructura, cada peso que no se recupera oportunamente representa una oportunidad perdida para atender necesidades sociales.
Por eso resulta indispensable cuestionar los resultados de la gestión de Luisa Obrador.
La curva de aprendizaje de un funcionario público no puede ser indefinida, mucho menos cuando administra una de las áreas estratégicas para la viabilidad financiera del sistema de seguridad social mexicano.
No basta con organizar reuniones, anunciar estrategias de modernización o presentar informes optimistas. La Dirección de Incorporación y Recaudación debe responder con indicadores verificables de incorporación, fiscalización, cobranza y recuperación efectiva de adeudos.
La confianza del director general no puede sustituir la evaluación de resultados.
Y si los indicadores revelan incumplimientos persistentes, corresponde revisar tanto las estrategias como la permanencia de quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlas.
El problema adquiere una dimensión todavía mayor frente a la discusión presupuestaria que se desarrolla en el Congreso de la Unión.
Resultaría profundamente contradictorio que el Instituto terminara necesitando mayores transferencias presupuestarias para atender sus obligaciones mientras subsisten rezagos relevantes en los mecanismos encargados de recaudar y recuperar los recursos que legalmente le corresponden.
La presión financiera del IMSS es real. El costo pensionario, las necesidades hospitalarias, la adquisición de insumos y los compromisos de infraestructura exigen una planeación cada vez más rigurosa.
Pero antes de solicitar recursos adicionales, la administración debe demostrar que está utilizando eficientemente sus facultades recaudatorias y que cuenta con estrategias efectivas para corregir sus desviaciones.
El Congreso no debería limitarse a discutir cuánto dinero necesita el IMSS, sino también qué resultados está obteniendo con los recursos que ya administra.
Esa discusión debe incluir la responsabilidad de sus áreas directivas.
Mientras tanto, la realidad hospitalaria reclama respuestas todavía más urgentes.
Las médicas y los médicos, las enfermeras y los enfermeros, camilleros, laboratoristas, trabajadores sociales, personal de conservación y demás compañeros de base no necesitan otra gira para explicar lo que llevan años denunciando.
Necesitan herramientas para trabajar.
Necesitan medicamentos, insumos, equipos funcionales, instalaciones dignas, plantillas suficientes y salarios competitivos.
Necesitan que las decisiones se traduzcan en soluciones.
No quieren solamente que los escuchen. Quieren que les resuelvan.
Las recientes movilizaciones laborales, las denuncias sobre carencias hospitalarias y los cuestionamientos de representantes empresariales muestran que el malestar rebasa los límites de una inconformidad coyuntural.
Son señales que ninguna dirección institucional responsable debería minimizar.
Zoé Robledo ha anunciado una estrategia de revisión de 277 hospitales, con compromisos específicos para atender problemas de abastecimiento, personal, equipamiento y mantenimiento.
La iniciativa puede resultar útil, pero plantea una interrogante inevitable: después de más de siete años al frente del Instituto, ¿por qué siguen siendo necesarias intervenciones extraordinarias para identificar problemas que los propios trabajadores llevan años señalando?
El IMSS necesita supervisión permanente, no solamente recorridos reactivos frente a las crisis.
Necesita decisiones administrativas, no únicamente diagnósticos.
Necesita resultados, no explicaciones interminables.
Sería injusto desconocer que durante la gestión de Zoé Robledo se han ampliado plantillas, realizado inversiones en infraestructura y desarrollado nuevos mecanismos de atención.
Esos avances existen y deben reconocerse.
Pero tampoco pueden convertirse en una justificación para tolerar indefinidamente las deficiencias.
Una inversión anunciada no equivale a una necesidad resuelta. Un hospital inaugurado no necesariamente significa un servicio plenamente funcional. Una meta global de recaudación cercana al cumplimiento no elimina los rezagos de fiscalización.
Y una visita directiva no sustituye una política permanente de supervisión.
La administración pública se mide por sus resultados, no por sus intenciones.
En este contexto, Zoé Robledo tiene una oportunidad que también representa una prueba de liderazgo: revisar profundamente a su equipo y colocar en las posiciones estratégicas a quienes acrediten capacidad técnica, experiencia institucional y resultados.
El propio Instituto cuenta con perfiles que merecen ser considerados.
Uno de ellos es Norma Gabriela López Castañeda, directora Jurídica del IMSS, quien ha desempeñado responsabilidades relevantes dentro de la institución, incluida la Dirección de Incorporación y Recaudación.
Su trayectoria ofrece una alternativa de experiencia técnica que podría resultar valiosa en una eventual reestructuración administrativa.
No se trata de presentar nombres como soluciones milagrosas ni de sustituir una lealtad personal por otra.
Se trata de recuperar un principio elemental: los cargos públicos deben responder a la capacidad de resolver problemas y no a la comodidad de conservar equipos.
Y aquí aparece una cuestión particularmente delicada.
Zoé Robledo debe comprender que la lealtad política tiene límites cuando entra en conflicto con los resultados de una institución pública.
La cercanía construida durante años con sus colaboradores no puede convertirse en un compromiso superior a las obligaciones de su cargo.
Su primera lealtad institucional debe ser con el proyecto de gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, por encima de cualquier consideración personal o política, con el pueblo de México.
No puede privilegiar la permanencia de funcionarios cercanos cuando los resultados de sus áreas demandan correcciones profundas.
No puede permitir que la protección de su equipo se convierta en un obstáculo para la transformación administrativa que el Instituto necesita.
Y tampoco puede ignorar que su propia permanencia comienza a formar parte de la discusión política.
Porque Zoé Robledo no solamente enfrenta una crisis de gestión.
También está poniendo en juego su capital político, su autoridad y su futuro al frente del Seguro Social.
Cada decisión que posterga, cada resultado insuficiente que tolera y cada colaborador que sostiene sin exigirle cuentas puede terminar erosionando la confianza en su conducción.
Hoy, mantener intacto a su equipo puede parecer un acto de lealtad. Mañana podría convertirse en el error político que termine por costarle el cargo.
La presidenta Claudia Sheinbaum necesita instituciones que respondan con eficacia a las demandas sociales y funcionarios capaces de transformar los diagnósticos en soluciones.
El Seguro Social, por su importancia estratégica, no puede convertirse en una excepción.
Y Zoé Robledo debe decidir si quiere ser parte de esa transformación o continuar administrando las inercias de una institución que reclama decisiones urgentes.
Porque dirigir también significa reconocer cuándo un colaborador ha dejado de ofrecer los resultados que la institución necesita.
Significa corregir, sustituir, reorganizar y asumir los costos de las decisiones difíciles.
El liderazgo no se demuestra protegiendo indefinidamente a los integrantes de un equipo, sino defendiendo la misión de la institución que se tiene encomendada.
El IMSS es demasiado importante para México como para quedar atrapado entre inercias administrativas, cálculos políticos y discursos que ya no alcanzan para explicar las dificultades cotidianas de millones de derechohabientes.
No hay espacio para la complacencia. Las decisiones deben tomarse, deben verse y, sobre todo, deben producir resultados.
Zoé Robledo está ante una disyuntiva definitiva: continuar administrando los problemas con un discurso cada vez menos convincente o recuperar el pragmatismo, la energía y la autoridad necesarias para enderezar el barco.
Todavía tiene la posibilidad de hacerlo.
Pero el tiempo político no es infinito.
Y cuando un director general decide proteger a sus colaboradores antes que corregir los resultados de su administración, deja de comprometer solamente el desempeño de una institución: comienza a comprometer su propio futuro.
Porque al final, la lealtad que verdaderamente importa no es la que se guarda a los amigos ni a los compañeros de camino.
Es la que se debe a la presidenta de la República, a los trabajadores, a los derechohabientes y, por encima de todo, al pueblo de México.
Zoé Robledo debe decidir. Porque el golpe de timón que hoy se le exige a su administración podría convertirse mañana en el golpe de timón que otros decidan dar sin él.