Redacción / Grupo Marmor
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, aclaró públicamente que la reciente captura de la exconductora Inés Gómez Mont, registrada el pasado 30 de octubre en el estado de Florida, responde estrictamente a su situación migratoria, por lo que una posible deportación a México dependerá por completo de las autoridades y tribunales de Estados Unidos.
Lee también: Cae sujeto en Saltillo por acosar a mujeres con falsas ofertas de empleo
A través de un mensaje, la funcionaria detalló que, con el objetivo de lograr su regreso al país, la FGR ha colaborado estrechamente con el gobierno estadounidense, entregando formalmente la documentación sobre las tres órdenes de aprehensión vigentes que pesan sobre la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga. “De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, puntualizó Godoy.
Acusaciones por lavado de dinero y empresas fantasma
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la primera orden de captura contra Inés Gómez Mont fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Las otras dos órdenes corresponden a defraudación fiscal equiparada.
Las indagatorias apuntan a que la exconductora habría recibido en sus cuentas personales fuertes sumas de dinero derivadas de un esquema de triangulación y desvío de recursos públicos mediante el uso de empresas fantasma. Este esquema habría operado contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos vinculados a centros penitenciarios federales. Asimismo, se le acusa de omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos durante los ejercicios de 2014 y 2016.
Mientras la Fiscalía mexicana busca su comparecencia ante los tribunales nacionales, la defensa de Gómez Mont presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal de Florida, buscando frenar su deportación y exigir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que justifique los motivos legales de su prolongada detención migratoria.
















