Edgar Bravo Avellaneda
Hoy, 3 de noviembre, el Congreso de Michoacán tiene previsto iniciar formalmente el proceso para la designación de quien habrá de encabezar la Fiscalía General del Estado, mediante la discusión de la convocatoria correspondiente.
Se trata de una decisión de enorme trascendencia institucional que, paradójicamente, parece despertar mayor interés entre los actores políticos que entre los propios ciudadanos.
Y acaso esa sea la primera señal de alarma.
La aparente indiferencia ciudadana no necesariamente significa desinterés por la justicia. Puede reflejar algo más preocupante: la pérdida de confianza en una institución cuyos resultados han sido reiteradamente cuestionados y respecto de la cual muchos michoacanos parecen haber dejado de esperar soluciones.
La mayor derrota de una institución de justicia no ocurre cuando la ciudadanía la cuestiona, sino cuando deja de esperar algo de ella.
Por eso, la discusión no debería agotarse en los nombres de quienes aspiran al cargo, sus trayectorias o los acuerdos que hagan posible su designación. Michoacán necesita discutir, antes que nada, qué Fiscalía requiere y qué resultados está en condiciones de exigirle.
El perfil de su próximo titular debe reunir mucho más que los requisitos constitucionales. Se necesita experiencia jurídica probada, conocimiento del sistema de justicia penal, solvencia ética, independencia de criterio, capacidad administrativa y, fundamentalmente, sensibilidad frente a las víctimas.
Pero tampoco basta con encontrar a una persona que reúna esas cualidades.
El Congreso tiene la oportunidad de convertir este procedimiento en un auténtico ejercicio de escrutinio público. La convocatoria debería garantizar la máxima visibilidad de las propuestas de cada aspirante, mediante la difusión íntegra de sus proyectos de trabajo, comparecencias públicas y mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer, contrastar y evaluar sus compromisos.
No se trata de escuchar discursos bien elaborados ni diagnósticos que repitan problemas conocidos. Cada aspirante debería explicar con claridad qué propone hacer, cómo pretende hacerlo, con qué recursos y en qué plazos.
Más aún, desde el proceso de selección deberían establecerse compromisos mínimos de gestión, sustentados en indicadores verificables y metas de corto plazo.
Los primeros cien días tendrían que servir para presentar un diagnóstico público de las capacidades institucionales, el rezago de investigaciones y los tiempos de atención. A los seis meses deberían conocerse avances medibles y, al cumplirse el primer año, resultados concretos sobre eficacia investigadora, atención a víctimas y reducción de rezagos.
Las metas deberán partir de información confiable y considerar las atribuciones efectivas de la Fiscalía. No se trata de exigir milagros ni de comprometer la independencia de las investigaciones, sino de establecer responsabilidades públicas y mecanismos de evaluación.
La autonomía constitucional es indispensable, pero no puede confundirse con ausencia de rendición de cuentas. Un fiscal autónomo no está exento del escrutinio ciudadano; por el contrario, su independencia debe fortalecer su obligación de responder por los resultados de la institución que dirige.
También corresponde al Congreso asumir una responsabilidad que trasciende la formalidad del nombramiento. Su tarea no concluye al reunir los votos necesarios, sino que debe traducirse en mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y transparencia, respetando siempre la autonomía de la Fiscalía.
La sociedad michoacana enfrenta problemas demasiado graves como para que la designación de su principal autoridad de procuración de justicia se reduzca a un trámite institucional más.
La seguridad, la protección de las víctimas, el combate a la impunidad y el acceso efectivo a la justicia tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana, la actividad económica y la confianza en las instituciones.
Por ello, Michoacán no necesita solamente conocer el nombre de su próximo fiscal. Necesita conocer sus compromisos, los plazos para cumplirlos y los indicadores con los que habrá de rendir cuentas.
Porque la justicia no se legitima con nombramientos, sino con resultados.