Redacción Grupo Marmor: El castigo político y judicial cayó sobre Santiago Peña. Este viernes, la Policía Nacional confirmó el arresto domiciliario del expresidente, destituido horas antes por el Senado tras el estallido social y financiero provocado por la quiebra de Ueno Bank.
La Fiscalía giró la orden de captura por el delito de lesión de confianza, apuntando a oscuros nexos entre el poder político y la entidad bancaria que dejó sin ahorros a miles de paraguayos. Mientras la policía vigila su residencia para asegurar que cumpla la medida cautelar, el país intenta procesar uno de los sismos institucionales más graves de su historia reciente.
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El expediente apunta directamente a los hilos corporativos y familiares que entrelazaban al exmandatario con la cúspide del banco intervenido, destapando un aparente conflicto de interés en el manejo de fondos y activos financieros que venía gestándose desde su declaración patrimonial. La presión de las calles y la velocidad del aparato fiscal —con órdenes que también salpican a la cúpula directiva de la institución— evidencian que el sistema judicial busca dar un golpe ejemplar ante la indignación ciudadana.
Ante este vacío en la cúpula del Estado, la línea de sucesión constitucional entró en marcha de inmediato para contener la incertidumbre en los mercados y calmar los ánimos sociales. Con el mapa político completamente fracturado, las instituciones paraguayas enfrentan el reto monumental de recuperar la credibilidad económica y demostrar que ningún alto dignatario es inmune al peso de la ley.