Redacción / Grupo Marmor
La profunda crisis derivada de la intervención financiera al Ueno Bank ha llevado a Paraguay a una de sus mayores turbulencias políticas, amenazando la estabilidad del presidente Santiago Peña. Pese a que el mandatario presentó su renuncia, el Congreso paraguayo la frenó debido a la falta de quórum, decidiendo continuar de manera unánime con el proceso de juicio político en el Senado.
Las acusaciones principales radican en el presunto “mal desempeño de sus funciones” y en un evidente conflicto de intereses. Estos señalamientos se basan en la participación accionaria que Peña mantuvo con Ueno Holding (conglomerado dueño del banco intervenido) hasta marzo de 2025.
La oposición cuestiona las dudosas circunstancias que permitieron a la entidad pasar de ser una financiera menor a uno de los bancos más grandes del país en un corto periodo. El colapso del banco causó que millones de ahorristas perdieran el acceso temporal a su capital, además de poner en riesgo cerca de 850 millones de dólares pertenecientes a fondos públicos y de pensiones, depositados en la institución mediante presuntas injerencias del propio presidente.
Por su parte, Peña ha solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el Senado, argumentando que las 12 horas otorgadas eran insuficientes. De avanzar la destitución por la vía del juicio, el presidente paraguayo perdería la posibilidad de convertirse en senador vitalicio (cargo que otorga inmunidad parlamentaria), dejándolo expuesto a las investigaciones penales en curso por parte de la Fiscalía.