Columna por : Edgar Bravo Avellaneda
La democracia interna de los partidos políticos no puede convertirse en un procedimiento que se abre, se cierra y se modifica dependiendo de las inconformidades de sus protagonistas. Mucho menos cuando las reglas que originalmente permitieron la participación de diversos aspirantes pudieran terminar reducidas, sin una explicación pública suficiente, a una competencia entre solamente dos.
Las recientes declaraciones de Raúl Morón Orozco, quien sostiene que existe un acuerdo para realizar una nueva encuesta rumbo a la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán, han reabierto una discusión que parecía concluida.
A ello se suman los comentarios de Ariadna Montiel, quien ha sostenido que el proceso de selección de coordinaciones está cerrado, pero también ha dejado abierta la continuidad del diálogo político. Sus expresiones no constituyen una confirmación de una segunda medición, aunque tampoco han disipado las interpretaciones que circulan sobre la definición de la candidatura de 2027.
Conviene, por tanto, establecer una precisión indispensable: hasta ahora, la eventual realización de una nueva encuesta constituye una posibilidad planteada por Morón y sus allegados, no una decisión formalmente anunciada por Morena.
Sin embargo, la sola posibilidad de una nueva medición, particularmente si estuviera limitada a Raúl Morón y Carlos Torres Piña, obliga a formular preguntas que trascienden las aspiraciones individuales: ¿por qué solamente dos?, ¿cuál sería el fundamento para excluir a quienes participaron originalmente?, ¿con qué criterios se definiría quién tiene derecho a competir nuevamente?
No son cuestionamientos menores. En ellos descansa buena parte de la credibilidad de cualquier procedimiento que pretenda presentarse como democrático.
El proceso anterior contó con la participación de distintos perfiles políticos, entre ellos mujeres con trayectoria, experiencia administrativa, presencia territorial y estructuras propias, como Fabiola Alanís Sámano, Gladys Butanda y Gabriela Molina.
¿Por qué habrían de quedar fuera de un eventual nuevo ejercicio?
La pregunta adquiere particular relevancia en el caso de Fabiola Alanís, quien figuró entre los perfiles más competitivos del proceso anterior y fue reconocida como la mujer mejor posicionada prácticamente en todas las mediciones públicas.
Su trayectoria política, experiencia legislativa y administrativa, trabajo territorial, equipo político y estructura estatal propia constituyen antecedentes relevantes que deberían valorarse bajo criterios objetivos, si Morena decidiera reabrir el procedimiento de selección.
No se trata de anticipar resultados ni de desconocer los derechos de otros aspirantes. Se trata de examinar si un eventual cambio de reglas garantizaría condiciones de participación justificables y equitativas.
¿Cómo explicar que un partido que ha colocado la igualdad sustantiva y el tiempo de las mujeres en el centro de su discurso político pudiera organizar una nueva medición exclusivamente entre dos hombres, dejando fuera a quienes participaron originalmente?
La contradicción, de concretarse, merecería cuando menos una explicación institucional.
Desde luego, la paridad no supone que todas las aspirantes deban participar automáticamente en cualquier procedimiento, ni constituye un derecho individual a obtener una candidatura. Pero exige que las decisiones partidistas sean compatibles con las obligaciones legales de igualdad y que las exclusiones no respondan a criterios arbitrarios.
Existe, además, una segunda contradicción que requiere atención.
Morón ha cuestionado la autenticidad, metodología y condiciones de las encuestas que dieron lugar a la designación de Torres Piña. Son señalamientos que deben examinarse, sin asumir como demostradas las irregularidades denunciadas.
Pero si precisamente esas dudas constituyeran el fundamento para realizar una nueva medición, ¿por qué sus efectos habrían de beneficiar exclusivamente a quienes protagonizan actualmente la controversia?
Si el procedimiento original fue válido, Morena tendría que explicar las razones para modificar sus consecuencias.
Si, por el contrario, se acreditaran deficiencias suficientes para justificar su reposición, resultaría necesario determinar su alcance y garantizar que las medidas correctivas no introduzcan nuevas desigualdades.
No sería congruente cuestionar la validez de un procedimiento para justificar su repetición y, simultáneamente, utilizar sus resultados de manera selectiva para decidir quiénes conservan la posibilidad de competir.
La hipótesis de que las encuestas anteriores no existieron en los términos anunciados, o carecieron de las condiciones metodológicas necesarias, exigiría pruebas, no solamente declaraciones políticas. De acreditarse, obligaría a revisar integralmente el procedimiento y los derechos de quienes participaron.
En esas circunstancias, dejar fuera a Fabiola Alanís o a cualquier otra persona originalmente incluida abriría una controversia adicional sobre la legalidad y legitimidad del nuevo ejercicio.
Incluso podría dar lugar a cuestionamientos ante las instancias internas o jurisdiccionales competentes, dependiendo de la convocatoria, las reglas aplicables y las afectaciones concretas a los derechos político-electorales de los participantes.
La eventual nulidad de una nueva medición no sería automática, pero tampoco podría descartarse anticipadamente una controversia jurídica derivada de exclusiones insuficientemente justificadas.
Morena necesita distinguir entre una negociación política destinada a resolver diferencias entre liderazgos y un procedimiento democrático para seleccionar candidaturas.
Ambos procesos pueden relacionarse, pero no son equivalentes.
Un acuerdo entre dirigentes o aspirantes no sustituye por sí mismo las obligaciones estatutarias, las garantías de certeza ni los principios de igualdad que deben orientar los mecanismos partidistas.
Si se decide realizar una nueva encuesta, corresponderá a los órganos competentes explicar públicamente sus fundamentos, su metodología, los criterios de participación, las condiciones de transparencia y la manera en que se garantizará el cumplimiento de las disposiciones en materia de paridad.
También sería indispensable esclarecer si se trataría de una reposición del procedimiento anterior, de una medición complementaria o de una etapa distinta para definir la candidatura constitucional. Cada supuesto tendría implicaciones diferentes.
La democracia interna no puede reducirse a administrar inconformidades ni a resolver exclusivamente las diferencias entre dos grupos políticos.
Michoacán merece claridad. Los hombres y mujeres que participaron en el proceso anterior merecen conocer las reglas bajo las cuales podrían modificarse sus expectativas legítimas de participación. Y Morena tiene la responsabilidad de evitar que un mecanismo concebido para generar certeza termine multiplicando las dudas.
Una segunda encuesta no sería necesariamente más democrática por el simple hecho de realizarse nuevamente. Su legitimidad dependería de la transparencia, las reglas y las condiciones de igualdad con que fuera organizada.
Si el propósito es corregir deficiencias, la corrección debe atender las deficiencias del procedimiento, no solamente las inconformidades de determinados aspirantes.
Porque cuando se cuestiona una encuesta en nombre de la democracia, también debe aceptarse que la respuesta sea democrática para todos.
Y si de verdad es tiempo de mujeres, ese compromiso debe reflejarse también en las reglas de participación, no únicamente en los discursos.