Redacción / Grupo Marmor
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Nuevo León identificó nuevas presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos por un monto de mil 793.9 millones de pesos, vinculados con proveedores del Gobierno estatal y diversos organismos públicos. De acuerdo con los informes, la mayor parte de estos recursos habrían terminado en el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), relacionado con el gobernador Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Lee también:#VIDEO // México vs Jamaica: Revive los mejores momentos del triunfo que dio el pase al Final Four
Los hallazgos, correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2025, fueron presentados el 17 de noviembre ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local por el auditor superior, Alejandro Reynoso Gil. Durante su exposición, se detalló la detección de 786 depósitos realizados por proveedores y contratistas gubernamentales por mil 696.6 millones de pesos hacia un “despacho jurídico y fiscal”, lo que además habría generado 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros. Aunque el auditor evitó mencionar nombres propios, hizo referencia a un “alto funcionario” y a una “empresa de cosméticos”.
Organismos involucrados y antecedentes federales
Entre los casos específicos expuestos por la ASE destacan recursos del DIF de Nuevo León pagados al proveedor Don Cacahuato; parte de ese dinero habría pasado por cinco empresas filiales hasta transferir 23.2 millones de pesos al despacho jurídico en un lapso de apenas ocho días. Asimismo, se señalaron operaciones ligadas a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y al Isssteleón, instituciones que recibieron 420.6 millones de pesos, de los cuales 74.1 millones presuntamente fueron canalizados hacia la misma firma legal.
Estos señalamientos se suman a los reportados el pasado 30 de octubre por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que documentó un esquema similar por al menos 728.13 millones de pesos. En total, la revisión estatal de la Cuenta Pública 2025 arrojó 8 mil 902 observaciones no solventadas por 61 mil 001 millones de pesos. Las presuntas irregularidades deberán ser aclaradas ante las instancias correspondientes, precisando que los hallazgos de auditoría no representan por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal contra el mandatario o sus familiares.


















