Dueño de un rancho de Tamaulipas busca juicio político contra Silvano Aureoles

La denuncia se trata de la falta de pago del gobierno anterior en relación a un ganado

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El último punto de la orden del día del Congreso Local, es dar cuenta de la recepción de una denuncia de juicio político presentada por un ciudadano en contra del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra el ex Secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, y contra el ex titular de Sedrua, Rubén Medina Niño.

Se trata de una denuncia interpuesta ante la LXXV Legislatura por el ciudadano Roberto Raúl Saralegui Pérez, apoderado legal del “Rancho La Nueva Gloria S.A de C.V”.

Datos obtenidos de la página oficial del lugar, indican que el rancho se encuentra localizado en el municipio de González, en el estado de Tamaulipas, dedicado a la crianza, cruzamiento y producción de ganado bovino, además de la venta de semen de sementales y embriones.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez, mencionó que, hasta donde llega su conocimiento del contenido de la denuncia, se trata de la falta de pago del gobierno anterior en relación a un ganado.

Por lo anterior, la diputada invitó a las Comisiones que se encargarán del tema -la de Gobernación y de Puntos Constitucionales- a revisar minuciosamente el contenido, pues posiblemente no es el Poder Legislativo en donde se debe levantar este tipo de señalamientos.

“Recordemos que hay luego denuncias que son de carácter penal y que no tendrían que ver nada con un posible juicio político, eso lo determinarán las Comisiones. No hubo plática con las personas que pudieron la denuncia, yo no estaba cuando ellos llegaron, pero parece ser que fue por la falta de pago de un ganado. Va a valer la pena la revisión minuciosa para ver si es necesario otro tipo de trámite”.

Un juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan los Congresos, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales