El 17 de septiembre de 2025, la congresista María Elvira Salazar presentó una enmienda a la Ley PANA, aprobada por unanimidad en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. La propuesta busca destinar hasta 4 mil millones de dólares confiscados a criminales ligados a los regímenes de Chávez y Maduro para la reconstrucción de una Venezuela democrática.
Aunque se menciona esa cifra, fuentes oficiales del Departamento de Justicia reportan que hasta ahora solo se han incautado unos 700 millones de dólares provenientes de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.
Los fondos se utilizarían en proyectos de salud, educación, infraestructura y fortalecimiento institucional, siempre bajo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La medida ha sido bien recibida por sectores que promueven el intervencionismo democrático, pero también ha generado debate sobre la soberanía venezolana y quién administraría los recursos, dado que EE.UU. no reconoce al gobierno actual de Nicolás Maduro.
La enmienda aún no es ley: debe ser aprobada por el pleno de la Cámara, el Senado y firmada por el presidente.
Este paso representa un intento de transformar bienes obtenidos por corrupción en apoyo directo al pueblo venezolano, pero su ejecución plantea desafíos legales y políticos importantes.
