La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de que el Estado Mexicano recupere el control del agua y garantice su distribución justa.
La propuesta endurece las sanciones contra quienes lucren con el uso del agua, al establecer penas de hasta 12 años de prisión y multas de hasta 4 mil días para quienes trasladen, desvíen o manipulen aguas nacionales sin autorización.
El nuevo artículo 123 Bis de la Ley de Aguas Nacionales plantea que se castigará con dos a diez años de cárcel a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con los permisos correspondientes.
También se aplicarán las mismas sanciones a quien altere o desvíe cauces, vasos o corrientes que pongan en riesgo la seguridad de personas, bienes o ecosistemas.
La iniciativa contempla penas de uno a nueve años de prisión para quienes modifiquen o manipulen los medidores de agua con el fin de simular un consumo menor y obtener beneficios económicos.
En el caso de los servidores públicos, se impondrán penas de dos a doce años y fuertes multas a quienes otorguen concesiones o permisos de explotación de agua a cambio de beneficios personales o económicos.
Asimismo, se castigará con uno a doce años de cárcel a quienes ofrezcan sobornos a funcionarios para obtener o renovar concesiones de uso del recurso.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca frenar la privatización y el uso indebido del agua, además de fortalecer la administración pública del recurso natural más importante del país.