El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, incluidos varios del partido Morena, por presuntos vínculos con el narcotráfico, según confirmaron fuentes citadas por Reuters.
Las cancelaciones forman parte de una nueva ofensiva diplomática y de seguridad contra los cárteles y sus supuestos aliados políticos. De acuerdo con ex embajadores estadounidenses, administraciones anteriores habían hecho uso de esta medida, aunque nunca con el alcance y frecuencia que ahora muestra el gobierno de Trump.
“La administración Trump está encontrando nuevas formas de ejercer más presión sobre México”, señaló Tony Wayne, ex embajador de EE.UU. en el país.
Hasta el momento, solo cuatro políticos han reconocido públicamente la cancelación de sus visas, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó cualquier relación con el crimen organizado.
El Departamento de Estado confirmó que las visas, “incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento” por actividades consideradas “contrarias al interés nacional”, como narcotráfico, corrupción o espionaje.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener información sobre el tema y explicó que Estados Unidos no suele notificar al gobierno mexicano sobre estas decisiones, al tratarse de un asunto personal de cada individuo afectado.
Las revocaciones masivas han generado alarma y tensión en la clase política mexicana, sobre todo dentro del partido oficialista, donde algunos funcionarios temen ser los siguientes en la lista.
Analistas señalan que esta medida podría complicar la relación bilateral entre ambos países, justo en momentos clave de cooperación en materia de seguridad y comercio.
Roberta Jacobson, ex embajadora de EE.UU. en México, advirtió que la magnitud de estas cancelaciones “no tiene precedentes” y podría tensar la colaboración con el gobierno mexicano:
“Lo más probable es que no sepamos durante años si Estados Unidos está investigando o no a estas personas”, dijo.
Mientras tanto, Washington mantiene silencio sobre los nombres de los afectados y los motivos específicos detrás de cada revocación, lo que alimenta la incertidumbre y el temor entre funcionarios y políticos mexicanos
