La comunidad purépecha de Santa María Tacuro, en el municipio de Chilchota, Michoacán, se declaró en alerta máxima tras el asesinato de dos de sus comuneros: Leovigildo Molina Elías y Agustín Martínez Rojas. En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de Seguridad federal, Homar García Harfush, la comunidad calificó el hecho como un “cobarde ataque” y una “grave violación a sus derechos colectivos y a la paz” de la zona.
En el documento, los habitantes acusan omisión e indiferencia por parte del Gobierno Federal y del Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla. También señalan como responsables a diversas figuras estatales, entre ellas Elizabeth Álvarez Garibay, Jonathan Molina Álvarez, Rogelio Canales Ascensio y José Eduardo Gregorio Lázaro, así como al fiscal estatal Carlos Torres Piña y al Consejo Supremo Indígena de Michoacán, a quienes atribuyen participación o pasividad en un conflicto previo que —afirman— era del pleno conocimiento de las autoridades.
La comunidad sostiene que ha sido víctima de un “ataque sistemático” por parte del Gobierno Estatal y que el reciente doble homicidio agrava la situación de riesgo. Ante la falta de confianza en las instituciones locales, exigen que el caso sea tomado directamente por García Harfush, con una investigación “imparcial, profesional y con resultados efectivos”.
Los comuneros demandan que los responsables materiales e intelectuales sean castigados conforme a la ley y que se atienda de manera inmediata la problemática de seguridad que enfrenta Santa María Tacuro.
El pronunciamiento cierra con un llamado contundente: “¡Basta de impunidad! Exigimos justicia”, y está firmado por autoridades locales y tradicionales de la comunidad.