La Oficina de Fiscales Federales de Nueva York informó que Paul Campo, exalto funcionario de la DEA, y su socio Robert Sensi lavaron cerca de 12 millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos fueron detenidos este jueves en Nueva York y enfrentan cargos por narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, detalló que los acusados blanquearon cientos de miles de dólares que creían provenían del narcotráfico, además de facilitar el tráfico de cocaína en la ciudad. La DEA confirmó la gravedad del caso, al señalar que Campo “traicionó la misión” que desempeñó durante sus 25 años de carrera en la agencia, donde llegó a ser subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras.
Cómo se vincularon al CJNG
Según la investigación, la conducta delictiva ocurrió después de que Campo se jubilara en 2016. En 2024, su socio Sensi comenzó a reunirse con un agente encubierto identificado como CS‑1, quien se hizo pasar por miembro del CJNG. Sensi le aseguró que conocía a alguien capaz de lavar dinero y ofrecer información confidencial: se refería a Campo.
A partir de ahí, ambos sostuvieron múltiples encuentros con CS‑1, en los que acordaron convertir grandes cantidades de efectivo en criptomonedas, invertir en bienes raíces y asesorar al supuesto cartel en la producción de fentanilo. También exploraron la adquisición de drones comerciales, armas y equipo militar, incluidos rifles AR‑15, carabinas M4, lanzagranadas y explosivos.
En las conversaciones, el agente encubierto presumió el uso de drones cargados con explosivos, a lo que Sensi respondió que podrían transportar alrededor de seis kilogramos de C‑4, “suficiente para volar todo”.
“Rendirán cuentas”, advierten autoridades
El fiscal Clayton afirmó que la acusación envía un mensaje contundente: “Quienes traicionen la confianza pública, ya sea en el pasado o en el presente, rendirán cuentas con todo el peso de la ley”.
Campo, de 61 años, y Sensi, de 75, permanecen bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial.
