El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró una emergencia económica por 30 días tras el rechazo en el Congreso de una reforma fiscal clave para sus planes de financiamiento. La medida busca dar facultades al gobierno para implementar acciones presupuestarias extraordinarias ante el riesgo de un déficit que podría superar el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025.
El rechazo de la reforma fiscal —que pretendía incrementar la recaudación a través de nuevos impuestos y ajustes tributarios— deja un faltante estimado de 41 mil millones de dólares, según fuentes oficiales. Ante este escenario, el gobierno evalúa la aplicación de impuestos especiales o medidas fiscales temporales para cubrir el hueco financiero y asegurar el funcionamiento del Estado en los próximos meses.
La declaratoria de emergencia económica otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para gestionar recursos, reprogramar gastos y tomar decisiones presupuestarias sin pasar por el trámite ordinario del Congreso durante el periodo de 30 días.
Autoridades del Ministerio de Hacienda han señalado que, sin ajustes al marco fiscal, el país enfrentará presión sobre las finanzas públicas, con posibles impactos en el gasto social, inversión pública y programas prioritarios del gobierno.
La oposición política y diversos sectores empresariales han advertido sobre los riesgos de aumentar impuestos en un contexto de crecimiento económico moderado y alta inflación, mientras organizaciones sociales han rechazado medidas que puedan afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Con la emergencia económica en vigor, el gobierno de Petro buscará alternativas para estabilizar las finanzas públicas y evitar una crisis presupuestaria, pero el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la carga tributaria continúa abierto en el país.
