La nueva política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para restringir el otorgamiento de visas de inmigrante comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero y ya genera inquietud en varios países de América Latina, incluidos algunos considerados aliados de Washington.
La medida contempla una pausa en el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, presentan mayor probabilidad de recurrir a servicios públicos una vez establecidos en ese país. Entre las naciones incluidas se encuentran Uruguay, Brasil, Colombia y Guatemala, gobernadas actualmente por administraciones de orientación progresista, así como Nicaragua y Cuba.
El caso de Uruguay ha llamado la atención debido a que se trata de un país que mantiene una relación cercana con Estados Unidos y que incluso había solicitado integrarse a un programa de exención de visas durante la administración anterior. No obstante, ahora forma parte del grupo afectado por la restricción.
En contraste, países liderados por gobiernos considerados afines a la actual administración estadounidense, como Argentina, Paraguay y Ecuador, no fueron incluidos en la lista.
Autoridades estadounidenses han rechazado que la decisión tenga un trasfondo político. El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, aseguró que su país no es objeto de represalias. Sin embargo, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, reconoció que la medida envía una señal preocupante, pese a que el impacto directo para la mayoría de los ciudadanos será limitado.
Orsi también se sumó recientemente a otros gobiernos latinoamericanos que manifestaron su rechazo a la intervención estadounidense en Venezuela, relacionada con la captura del presidente Nicolás Maduro a inicios de este mes.
La nueva política migratoria aplica únicamente para personas que buscan residir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos, por lo que no afectará a turistas ni a trabajadores temporales.
