Redacción / Grupo Marmor
Este martes la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad del llamado “Plan B” de la reforma electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El anuncio se realizó luego de que 19 congresos locales ratificaran la iniciativa, gracias a la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma, que ahora pasa al Senado para reestructurar la administración de los recursos públicos, el cambio más significativos es la reducción de regidurías en los ayuntamientos de todo el país, estableciendo un límite máximo de 15 integrantes por cabildo. Asimismo, se fijó un tope presupuestal para los congresos estatales, los cuales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto total de su entidad federativa.
Otro punto central del decreto es que ningún consejero o magistrado electoral, ya sea del Instituto Nacional Electoral (INE) o de tribunales locales, podrá percibir un sueldo superior al de la titular del Poder Ejecutivo Federal. Además, queda estrictamente prohibida la contratación de seguros de gastos médicos mayores, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales con recursos públicos, eliminando prestaciones que no estén previstas por la ley.
Por otro lado, la Cámara de Senadores enfrentará un ajuste financiero: a partir de 2027 y durante los siguientes cuatro ejercicios fiscales, el presupuesto del Senado deberá reducirse anualmente hasta alcanzar un recorte acumulado del 15% en términos reales respecto al presupuesto de 2026.
Con la declaratoria emitida por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, el proyecto avanza hacia su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez que entre en vigor, los estados que avalaron la reforma (entre ellos Michoacán) deberán iniciar modificaciones constituciones necesarias para dar cumplimiento a los nuevos lineamientos.