Claudia Luna Palencia / Grupo Marmor
Aquí en España, hay un revuelo monumental: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el rescate de la Aerolínea Plus Ultra que recibió en su momento, una inyección por 53 millones de euros. También se le acusa de organización criminal y falsedad documental por blanqueo de capitales.
Ha sido cateado el despacho del exmandatario que pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE); también su vivienda e incluso la empresa de sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez.
Una unidad especializada de la Policía Nacional está llevando a cabo las pesquisas correspondientes. Hay varios medios de comunicación que incluso señalan que la empresa de las hijas de Rodríguez Zapatero llegó a cobrar mensualmente 3 mil euros al mes por supuestos servicios de comunicación y diseño a Plus Ultra.
Rodríguez Zapatero, mediante un video publicado en todos los medios de comunicación, ha salido a desmentir que esté ligado a los hechos y delitos que se le acusan. “Siempre me he desarrollado con absoluto respeto a la legalidad”.
El expresidente deberá declarar el próximo 2 de junio tras ser citado por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en un caso que ya viene de tiempo atrás y que tiene como origen una denuncia por parte de la organización de ultraderecha Manos Limpias
El político español, de 65 años, fue presidente de España, de 2004 a 2011, y está siendo investigado por un presunto delito de tráfico de influencias y hay otras denuncias alrededor de una aerolínea vinculada a Venezuela durante la pandemia del Coronavirus.
La fiscalía examina si la compañía hizo un uso inadecuado de los fondos públicos aprobados por el gobierno para el rescate, mientras que la policía anticorrupción investiga si la aerolínea utilizó el dinero del rescate para blanquear fondos procedentes de Venezuela a través de Francia, Suiza y España.
Según el juez instructor, se alega que Zapatero supervisó una estructura jerárquica de tráfico de influencias, cuyo propósito era obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante organismos públicos en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.
En un comunicado emitido el martes, el tribunal informó que el juez había autorizado a la policía a registrar la oficina de Zapatero, así como las de otras tres empresas.
En marzo pasado, Rodríguez Zapatero acudió a una comparecencia ante una comisión del Senado encargada del caso y afirmó que nunca había recibido comisiones de Plus Ultra. Sin embargo, sí declaró ante la comisión que había realizado trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez; un empresario que trabajaba con Plus Ultra y que fue arrestado por agentes anticorrupción en diciembre de 2025.
En su comparecencia ante la comisión del Senado, de febrero pasado, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, insistió en que el rescate se había llevado a cabo en estricto cumplimiento de las leyes pertinentes: “No hubo ningún procedimiento excepcional fuera de lo común; no hubo trato preferencial ni injerencia indebida; no hubo ayuda ilícita. Hubo un proceso regulado, con controles, informes y condiciones muy estrictas que se cumplieron. Nadie nos ha dado nada gratis”.
Desde el PSOE, tras conocer la imputación al expresidente Rodríguez Zapatero, han cerrado filas entorno a su compañero socialista y han pedido que se respete la presunción de inocencia y que Justicia haga justicia al respecto. “Mi actividad privada y mis ingresos que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad; además, quiero reafirmar que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni en el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra”, afirmó el expresidente en un vídeo