Redacción / Grupo Marmor
Una denuncia pública ha sacudido la estructura del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, luego de que una ciudadana identificada como Diana Reyes Vansteenberghe acusara formalmente a Uriel Paniagua Vargas, actual Subdirector de Servicios Públicos del municipio, por agresión física, amenazas y por haber accionado un arma de fuego a quemarropa contra su pareja. Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 6 de junio, alrededor de las 22:30 horas, en las inmediaciones de la taquería “El Chumbia”.
Según el testimonio de la afectada, ella y su novio, Pablo Diego Sánchez, esperaban para comprar alimentos cuando Paniagua Vargas (quien presuntamente se encontraba en un estado alterado por alguna sustancia) los confrontó sin motivo aparente iniciando una agresión física. Durante la riña, el funcionario empujó e intentó estrangular a Diana al notar que intervenía, para posteriormente desenfundar un arma de fuego y realizar varios disparos directos al pecho de Pablo Diego. Afortunadamente, los proyectiles no causaron heridas de gravedad debido a que presuntamente se trataba de cartuchos de salva. Antes de retirarse del sitio, el agresor lanzó una amenaza directa: “la próxima vez no te vas a salvar”.
De acuerdo con el reporte civil, las patrullas arribaron al lugar mientras el agresor aún gritaba en la vía pública, pero los uniformados ignoraron los señalamientos directos de las víctimas y evitaron detenerlo en flagrancia. Los afectados argumentan que esta omisión responde a una red de protección institucional, ya que Uriel Paniagua Vargas es la pareja sentimental de Maribel Gil Bárcenas, hermana de la actual presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas (postulada por el partido Morena).
Diana Reyes Vansteenberghe aseguró que han intentado formalizar las denuncias ante las agencias del Ministerio Público, pero han topado con constantes obstáculos institucionales para que sus declaraciones sean recibidas e investigadas de manera formal. Ante la gravedad de los hechos, el hostigamiento psicológico y el temor a sufrir represalias contra su integridad, las víctimas han solicitado la intervención directa de la fiscalía general del Estado (FGE) para exigir que se limpie la corporación y se garantice que ningún nexo político o familiar sirva de escudo para la impunidad.