Margarita Arreola/ Grupo Marmor
Durante el informe de actividades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Michoacán, la fiscal Marisol Sánchez Zamudio señaló que en un año de gestión se logró recuperar poco más de 2 millones de pesos para el estado. Sin embargo, hay cerca de 500 millones de pesos en proceso de recuperación, derivados de investigaciones donde se determinó daño patrimonial.
“Durante el periodo inmediato anterior a mi gestión se recuperaron poco más de 920 mil pesos. Hoy esa cifra asciende a más de 2 millones 669 mil pesos recuperados para el Estado, mediante mecanismos alternativos de solución y resoluciones judiciales. Además, derivado de investigaciones actualmente en curso, se ha determinado una cuantificación preliminar del daño patrimonial por aproximadamente 499 millones de pesos, lo que representa una expectativa real de recuperación para la entidad”, señaló durante su discurso en el Congreso de Michoacán.
En ese sentido, explicó que suman más de 24 carpetas judicializadas en las que se han obtenido respuestas positivas en la mayoría de los casos.
La fiscal especializada en materia de corrupción indicó que el presupuesto anual de la dependencia es de alrededor de 13 millones de pesos, cifra que consideró muy por debajo de lo necesario para mejorar las condiciones de investigación y combate a este delito que ha lastimado a la entidad. Reconoció que la mayor parte del presupuesto se destina a los capítulos 1000, 2000 y 3000, es decir, gasto corriente y nómina.
“Uno de los logros más importantes de este año fue consolidar la confianza ciudadana, que se ve reflejada en un significativo incremento de las denuncias presentadas. Porque más allá de las cifras, nuestro deber es claro: contribuir a que las y los michoacanos tengan instituciones cada vez más confiables, más transparentes y más cercanas a la ciudadanía”, apuntó.
Destacó que los casi 500 millones de pesos que están en proceso de reingresar al erario estatal podrían tardar hasta dos años en recuperarse, ya que dependen de los amparos promovidos y de los tiempos procesales que llevan los tribunales.