Redacción / Grupo Marmor
Lo que comenzó como un foro de visibilización sobre los derechos de las madres autónomas, se ha transformado en un contundente movimiento de presión ciudadana. La iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, la cual busca facilitar trámites legales para hijos de padres ausentes, fue lanzada en la plataforma Change.org y en tan solo 24 horas logró recabar más de mil 350 firmas, evidenciando el fuerte respaldo social hacia una reforma que permanece estancada en el Congreso de la Unión desde hace cuatro meses.
La diputada local Sandra Arreola Ruíz detalló que el éxito de la petición digital se dio de manera orgánica, impulsada por las propias mujeres que asistieron a los foros informativos y compartieron la causa en sus redes sociales. La legisladora adelantó que la meta es acumular el mayor número de firmas posible durante el actual receso legislativo para, en septiembre, entregar un corte oficial a Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, y exigir que el tema sea dictaminado de inmediato.
Presentada a nivel federal en marzo por el diputado Ernesto Núñez, la iniciativa plantea reformar el marco legal para que las madres o padres que crían solos a sus hijos no necesiten la autorización del progenitor ausente al momento de tramitar documentos clave, como pasaportes o visas. Tomando como referencia resoluciones judiciales de Argentina, la ley busca que el permiso de circulación y desarrollo de los menores sea un proceso sencillo y permanente, evitando que quienes evaden sus obligaciones parentales puedan obstaculizar la vida de las infancias a través de trabas burocráticas innecesarias.
Arreola Ruíz advirtió que, aunque por ahora la apuesta principal es agotar la vía legislativa mediante el respaldo ciudadano, no descartan radicalizar sus acciones si los legisladores federales continúan ignorando esta urgencia social. Las promotoras de la iniciativa han señalado que el diálogo previo con las comisiones no ha sido satisfactorio, por lo que, de no considerar el proyecto como una prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones, las familias afectadas tomarán nuevas medidas para garantizar que la justicia y la libertad lleguen a los hogares de México.
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