#VIDEO // Exintegrante de La Bella Luz denuncia a director musical de acoso sexual

Banner

Redacción / Grupo Marmor

La cantante peruana Naldy Saldaña, exvocalista de la destacada agrupación de cumbia La Bella Luz, hizo pública una denuncia penal contra César Sánchez Chavesta, director musical de la banda, por los presuntos delitos de acoso sexual y tocamientos indebidos. La artista de 24 años expuso su testimonio en el programa Magaly TV La Firme, respaldado por grabaciones de cámaras de seguridad que muestran los presuntos actos de violencia ocurridos durante un ensayo en junio pasado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional y la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho, los hechos se registraron el 18 de junio dentro del espacio de trabajo de la agrupación. Saldaña relató que el agresor (quien cuenta con 50 años y es primo del dueño de la orquesta, Óscar Custodio Chavesta) la abordó en un pasillo hacia el baño para intentar besarla y tocarla sin su consentimiento, incurriendo en conductas reiteradas de hostigamiento a lo largo de varios meses.

La cantante reveló que decidió renunciar a la orquesta tras un mes del incidente debido a la inacción de los propietarios. Según su declaración, al reportar la agresión al dueño de la agrupación, únicamente recibió como respuesta la indicación de superarlo “poco a poco”, sin que se aplicara ningún protocolo de protección laboral. Ante el escándalo mediático y la difusión de las imágenes, la orquesta emitió un comunicado informando la separación “indefinida” de Sánchez Chavesta, mientras que eventos culturales como el U Fest de Universitario de Deportes y la producción de una serie de televisión sobre el grupo fueron suspendidos inmediatamente en solidaridad con la víctima.

El Ministerio Público del Perú otorgó medidas de protección a favor de Naldy Saldaña mientras avanzan las indagaciones. Especialistas en derecho penal señalaron que el denunciado podría enfrentar penas de entre 4 y 8 años de prisión por el delito agravado dada la relación de jerarquía laboral, en tanto que la empresa podría afrontar repercusiones legales por omisión al no activar la norma de prevención y sanción de la violencia contra la mujer.