Naomi Carmona / Grupo Marmor
Morelia, Michoacán.- La Contralora de Michoacán, Azucena Marín Correa, negó que las denuncias que se han hecho sobre irregularidades detectadas en el gobierno silvanistas, se vaya a quedar en un tema mediático, por el contrario aseguró que cuando concluyan las investigaciones y se determinen responsabilidades se interpondrán ante las autoridades correspondientes.
Lo anterior, luego de que el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, pusiera como fecha máxima, principios de enero del 2022 para presentar las denuncias formales contra ex funcionarios que estén involucrados, sin embargo, para la Contralora, no se puede poner un plazo pues las investigaciones aún no terminan y la entrega de documentos puede tardar hasta siete años cuando se determinan faltas graves.
“A mí no me gusta que me pongan un plazo porque a lo mejor es mañana o a lo mejor me tardo tres meses, lo que sí quiero es que cuando se presenten vayan con todos los documentos soporte, con toda la documentación lista para que no sea un trabajo que nos toque estar presentando más documentación, que ya vayan firmes las pruebas, los documentos, todo y ya que determine en caso de que sea grave y que tenga que determinar el Tribunal o la Fiscalía, que tengan con qué dictaminar”.
Hasta el momento se trata de observaciones administrativas-financieras, la aclaración del destino de algunos recursos, su aplicación, su valoración, expedientes que están perdidos entre otras cuestiones. Las dependencias en donde más irregularidades se han observado son la de salud, seguridad, educación y la coordinación de comunicación, en esta última se habla de pagos excesivos sin solvencia presupuestal y que se desconoce hasta ahora si fueron o no ejecutados.
De todas las dependencias que se han señalado en ruedas de prensa del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y en entrevistas con funcionarios, sólo la de Seguridad Pública (SSP) solicitó la intervención de la Contraloría de Michoacán.
Si bien, Azucena Marín no puedo dar un número de ex funcionarios del gobierno anterior han sido requeridos, sí mencionó que alrededor de 60 han acudido personalmente a la Contraloría o han enviado información para hacer aclaraciones respecto a su administración en sus respectivas áreas.
Finalmente, reiteró que las denuncias serán presentadas formalmente pero que no se trata de una cacería de brujas de ex funcionarios silvanistas.
