Morelia, Michoacán.- Mientras en Estados Unidos los hijos de Joaquín Guzmán Loera son acusados de tráfico de drogas y hasta se ofrecen recompensas por cada uno de ellos, en México no se ha revelado ninguna imputación en su contra, a pesar de que son identificados como líderes del Cártel de Sinaloa y sólo Iván Archivaldo pisó alguna vez la cárcel.
El Chapito pudo librarse de una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al ser liberado y exonerado por un magistrado que después fue suspendido y a quien se le encontraron cuantiosos recursos en sus cuentas bancarias.
En el sonado caso del Culiacanazo que involucró a Ovidio Guzmán, se abrió una carpeta de investigación por los hechos, pero en su momento se aclaró que la detención no se debía a una pesquisa en México, sino a una orden de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. En todo caso, los hijos de El Chapo son indiciados en México, pero acusados y buscados en Estados Unidos, por lo menos desde 2013, en uno de los casos, por hechos documentados entonces, pero ocurridos en 2008. De hecho, no es una sino varias Cortes las que siguen procesos en su contra en estados como Colombia, California e Illinois, con los mismos cargos por los que su padre fue condenado.
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En tanto, México investiga como un secuestro contra los Chapitos el episodio de su sustracción del restaurante La Leche en Puerto Vallarta, en un capítulo relevante de acción entre criminales. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en curso diversas indagatorias contra los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, revelaron funcionarios del gobierno federal, quienes señalaron que están siendo integradas por diversos delitos. Una de estas investigaciones tiene que ver con Ovidio Guzmán López, El Ratón, detenido por las fuerzas federales el 19 de octubre de 2019, y que horas después fue liberado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la amenaza de una facción del Cártel de Sinaloa de atacar a la población.
Este hecho, indicaron, dio inició a una carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego, entre otros. Además, contra El Ratón existe una orden de detención provisional con fines de extradición porque el gobierno de Estados Unidos quiere juzgarlo por diversos actos ilícitos. Al igual que él, su hermano Joaquín Guzmán López, y sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, son mencionados en diversas indagatorias.
Explicaron que la recompensa que ofreció Estados Unidos de 5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijos de El Chapo se da en momentos que existe tensión al interior del Cártel de Sinaloa, porque los jóvenes están en pugna con dirigentes de diversas células del grupo delictivo que buscan ser líderes de la organización criminal.
El único de los cuatros hermanos que ha pisado la cárcel es El Chapito, quien fue detenido el 13 de febrero de 2005, por elementos de la Policía Ministerial de Zapopan, Jalisco, junto con cinco personas, en una camioneta Cherokee donde transportaban a otra persona que había sido secuestrada con el propósito de asesinarla, aparentemente por un adeudo de un cargamento de drogas perdido en Texas, Estados Unidos, revelaron en su momento autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El Chapito fue ingresado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, pero ante la amenaza de un posible rescate fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. En febrero de 2008, Silvia Carrasco Corona, jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, lo condenó cinco años de prisión por ser penalmente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por utilizar el sistema financiero nacional para llevar a cabo depósitos en dos cuentas bancarias, una por la cantidad de 228 mil 880 pesos y la otra por 654 mil 300 pesos, sin desarrollar actividad lícita alguna que le permitiera la obtención de dichos recursos.
No obstante, en abril de 2008, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, lo exoneró y ordenó su libertad porque señaló que la PGR no pudo acreditar el delito.
El magistrado puntualizó que no había pruebas que demostraran que el joven era un delincuente. En mayo de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la destitución de Guadalupe Luna como magistrado por emitir fallos de manera irregular que permitieron la liberación de integrantes de la delincuencia organizada, y porque se le detectó alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no correspondían a sus ingresos como servidor público.
