Gobierno del estado deja colgado a familiares de personas desaparecidas

De no ser recibidos por el Gobernador del Estado, éstos comenzarán con otras manifestaciones para ser escuchados

Javier Velázquez/ Grupo Marmor

Pese a que este día, familiares de personas desaparecidas tenían una reunión con el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña para hablar acerca de la designación del Comisionado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, éste les canceló de último momento, generando molestía entre los ciudadanos.

La representante del colectivo “Desaparecidos de la Costa”, Evangelina Contreras Ceja indicó que es una lástima que este tipo de situaciones se de, debido a que es necesario que al frente de dicha comisión, se encuentre una persona que tenga conocimiento del área, destacando que hasta el momento, Alfredo Tapia Navarrete quien es el comisionado encargado es un funcionario a modo.

Indicó que los familiares, no están dispuestos a enseñarle a Tapia Navarrete los protocolos de atención para los familiares, así como el de búsqueda de personas desaparecidas, por lo que indicaron que es fundamental, sea designada la psicóloga Claudia López, quien cuenta con 3 años de experiencia en el tema.

Puntualizaron que de no ser recibidos por el propio Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, éstos comenzarán con otras manifestaciones para ser escuchados, destacando que además de su angustia de ayudar a buscar a otras personas, también deben atender este tipo de situaciones que afectan de manera negativa el avance de las investigaciones.

Para finalizar, comentaron que lamentablemente hasta el momento, no han contado con apoyo por parte de la comisión, destacando que en el tema de gasolina, comidas, hospedaje y demás, han sido ellos quienes resuelven este tipo de situaciones, por lo que esperan que Ramírez Bedolla pueda generar cambios significativos.

Comentar que de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado en Michoacán, el estimado que se tenía de personas desaparecidas en la entidad hasta diciembre del año pasado, correspondía a un total de 1,085 personas desde el 2018, mismas que han arrojado un global de 823 carpetas de investigación por casos forzados y cometidos por particulares.